Durante los últimos meses se ha desarrollado en el país un masivo movimiento
estudiantil que cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía. Una de sus principales
demandas es ampliar la cobertura en la gratuidad de la educación superior, como también
asegurar que la educación financiada por el Estado en el nivel escolar –educación prebásica,
básica y media– sea completamente gratuita, es decir, que la educación municipal y particular
subvencionada, que en la actualidad representa el 93% de toda la matrícula escolar del país,
no exija cobros monetarios a las familias por acceder o permanecer en el colegio al cual
asisten sus hijos e hijas.
En una perspectiva comparada, la demanda
estudiantil por una educación escolar gratuita en los
establecimientos que son financiados por el Estado
debiese ser innecesaria, puesto que este es uno de
los atributos que caracterizan a todos los sistemas escolares
a nivel mundial. Obviamente en ningún país
desarrollado ni en los países miembros de la OCDE
las familias deben pagar por asistir a este tipo de establecimientos,
sin embargo, en Chile esta demanda
cobra un enorme sentido, puesto que en la actualidad
el sistema de financiamiento compartido obliga
a las familias que eligen algunos colegios particulares
subvencionados –todos los cuales reciben aportes del
Estado– a pagar mensualmente un monto de hasta
casi $72.000 mensuales por ingresar o renovar la matrícula
anual de su hijo, tal como si este fuese un colegio
particular pagado –educación siempre orientada al
pequeño porcentaje de familias con mayores ingresos
del país–, eliminando así la característica histórica de
gratuidad del sistema escolar chileno.
El sistema de financiamiento compartido fue
desarrollado en el año 1989, permitiendo a los sostenedores
de colegios particulares subvencionados
hacer un cobro obligatorio a las familias que escogían
sus establecimientos. Sin embargo, dado que el diseño
de tal mecanismo implicaba la pérdida de la mitad
de la subvención escolar –cualquiera fuese el monto
cobrado– solo los colegios cuyos estudiantes provenían
de familias de grupos socioeconómicos medioalto
implementaron dicha modalidad, situación que se
modifica en 19932, cuando es aprobada una reforma
que permite que los descuentos sean diferenciados
de acuerdo al monto cobrado mensualmente por estudiante.
Esta modificación implicó que más del 50%
de los establecimientos particulares subvencionados
en la actualidad funcione bajo esta modalidad –con
un pago mensual promedio cercano a los $20.000–,
llegando a cubrir entre un 75% y un 80% de la matrícula
que asiste a colegios particulares subvencionados,
ello porque los colegios particulares subvencionados
gratuitos al ser más pequeños, absorben un porcentaje
menor de la matrícula. Esta situación implica que hoy
en Chile cerca de la mitad de las familias deban pagar
mensualmente por recibir educación básica o media,
situación inexistente en otro país de similar o con un
mayor nivel de desarrollo que el nuestro.
Fuente: Revista Docencia