A nadie le gusta pagar impuestos. Sin embargo, la sociedad los requiere para tres objetivos fundamentales: financiar bienes públicos que nos benefician a todos o a una parte importante de la población; atenuar los efectos de las actividades que producen externalidades negativas; y mejorar la distribución del ingreso. Todos estos objetivos conllevan a que tengamos una sociedad más integrada, más justa y donde parte del mayor bienestar alcanzado llega a todos los habitantes del país.
La comparación internacional y las sistemáticas demandas ciudadanas y de estudiantes por alcanzar una educación escolar y superior de calidad para todas las niñas, niños y jóvenes ha conllevado a la convicción de que Chile requiere un nuevo pacto social acerca del financiamiento de la educación. No es sólo que el aporte fiscal a la educación está por debajo del promedio de los países de la OECD –de la cual formamos parte- y que el aporte que deben hacer las familias para financiarla es uno de los más altos del mundo, sino que también porque nuestro sistema escolar presenta condiciones extremas de segregación y polarización de sus estudiantes al interior de las escuelas –casi imposibles de encontrar en otros países con niveles de desarrollo similares o superiores al nuestro-, al mismo tiempo que la distribución de la calidad de los aprendizajes entre los estudiantes está estrechamente vinculada a las desiguales condiciones socioeconómicas de origen, lo cual conlleva a que las escuelas no sean una institución que permite igualar las oportunidades sino que replica y profundiza las desigualdades iniciales.
El gobierno del Presidente Piñera ha asumido el compromiso de avanzar en una mayor calidad y equidad en todos los niveles educativos, es por ello que ha propuesto una reforma tributaria al Congreso Nacional que permitirá incrementar los recursos que la sociedad destina a la educación –por lo menos en 700 millones de dólares adicionales cada año, los cuales están lejos de ser suficientes para los desafíos del país en el sector, pero que son relevantes para iniciar reformas sustentables-, sin embargo, también ha incluido en su propuesta dos medidas destinadas, como lo indica el gobierno, a apoyar las condiciones de vida de la clase media. La primera permite un descuento del pago de impuestos por los aportes que realizan las familias, con ingresos entre $560 mil y $1,5 millones mensuales, a la educación de sus hijos vía financiamiento compartido –lo cual implica una reducción de impuestos por más de US$100 millones anuales para las familias beneficiarias-, mientras que la segunda es la reducción en la tasa marginal que pagan los contribuyentes de 2ª categoría y global complementario en cada tramo de ingresos personales –reduciendo la recaudación de impuestos en más de US$500 millones anuales-.
Mientras la primera medida es una enorme equivocación, la readecuación de la segunda podría permitir la generación de los recursos para una reforma educativa sustantiva. Entre los problemas asociados a la primera propuesta sobresalen que: i) sea una medida regresiva, pues la mayor parte del monto beneficia a los contribuyentes que se encuentran entre el 5%-19% de más altos ingresos personales declarados, al mismo tiempo que el beneficio es mayor para los contribuyentes de ingresos declarados más altos; ii) fortalece el financiamiento compartido, el cual debiese tender a reducirse o eliminarse, puesto que agrava la alta segregación social de la educación chilena, limita las posibilidades de elección de las familias (asociándolas a su capacidad de pago), y refuerza el carácter selectivo y excluyente de las comunidades escolares, sin afectar el mejoramiento de la calidad ni la equidad educativa; y iii) significa un reforzamiento de la educación privada no gratuita, característica que tienen los sistemas escolares de mejor desempeño y equidad a nivel internacional. Es decir, la medida conlleva a la paradoja que la segregación escolar es un bien que debe perseguir la sociedad, puesto que se propone destinar cuantiosos recursos tributarios a una medida que agudiza dicha situación y reduce las oportunidades de una sistema educativo de mayor calidad y equidad para todos.
Finalmente, si uno de los desafíos principales de nuestro país es lograr una educación pública gratuita, en donde también participan sostenedores privados subvencionados, la segunda propuesta contenida en la reforma tributaria podría ser transformada y convertirse en una enorme oportunidad para lograrlo, puesto que los casi US$700 millones anuales que propone el ejecutivo devolver a la “clase media” vía las dos medidas de descuento tributario, puede destinarlos íntegramente a la educación de esta misma clase media; para ello proponemos que se cree una nueva subvención de $20.000 mensuales para los estudiantes que no son prioritarios –los cuales reciben un mayor financiamiento vía Subvención Escolar Preferencial- y que asistan a colegios municipales y particulares subvencionados, con la condición que los sostenedores interesados en dicho beneficio renuncien indefinidamente al cobro de financiamiento compartido en el establecimiento que participe de la iniciativa. Esta medida no sólo permite que estos cuantiosos recursos se destinen a la clase media, sino que también incrementen los recursos públicos en educación y se avance a un sistema escolar gratuito, no selectivo, más inclusivo y donde todas las energías de los sostenedores se concentren en cómo entregar una educación de calidad a todos los niños y jóvenes de nuestro país. Esta oportunidad no debiese ser desperdiciada por nuestra clase política.
Fuente: Francisca Zuñiga - CIAE
