La evidencia internacional sobre los efectos de la pandemia anticipa que un número considerable de niños, niñas y jóvenes de nuestro país se verán afectados en su desarrollo y bienestar general. De no cerrarse dichas brechas, sus efectos nocivos podrían ser de por vida y con mayor intensidad entre los niños y niñas más pobres y con mayores dificultades de aprendizaje.

Esta semana hemos conocido que 50 mil escolares dejaron de matricularse entre 2021 y 2022, lo que representa un alza de 10 mil estudiantes más en comparación con el periodo 2018 a 2019. Pero la exclusión se vincula con muchos otros indicadores, tales como una mayor tasa de abandono durante el año escolar, la situación de inasistencia crónica que se ha duplicado respecto de la etapa previa a la pandemia, así como la caída histórica en la matrícula en educación parvularia entre 2019-2021 -que representa un retroceso de 7 años. Hay que agregar las brechas en los aprendizajes y los problemas en el bienestar socioemocional de niños y niñas. En su conjunto, todos estos indicadores dan cuenta de que la pandemia puede transformarse en una catástrofe sobre la educación.

Es indispensable que todos asumamos la responsabilidad de revertirla con medidas concretas y urgentes. La primera es que el Ministerio de Educación, junto a cada establecimiento y comunidad educativa, debiesen asegurar que la matrícula en educación parvularia se reestablezca a los niveles previos a la pandemia. Para ello deben comunicarse en forma individual con las familias que hayan retirado a sus hijos e hijas de estos niveles o con quienes no los han matriculado estando en edad de hacerlo. Adicionalmente, debe promoverse una campaña comunicacional para dar cuenta de los enormes beneficios que la educación parvularia significa como “ventaja de oportunidades” para el desarrollo de cada ser humano. También debe comunicarse la enorme seguridad sanitaria que han presentado los establecimientos escolares en la pandemia.

Este mismo esfuerzo de revinculación personalizada se debe realizar desde cada establecimiento escolar, en coordinación con el Ministerio de Educación, con cada estudiante y familia que no se haya matriculado, que se haya retirado o que presente un alto nivel de inasistencia durante este año. Esto reviste carácter de urgencia. Tanto el asegurar que ese niño, niña o joven esté matriculado para el año 2023, como el monitorear que cada uno de ellos y ellas asistirá efectivamente a clases.

La evidencia da cuenta de que la exclusión es mucho mayor en algunos establecimientos. Para estos, se hace necesario potenciar las acciones ofrecidas por el Ministerio de Educación, como las diseñadas autónomamente y con apoyo del sostenedor, para revincular a sus estudiantes de mayor riesgo y aumentar su compromiso educativo durante el año 2023. Ello debe incluir un incremento de las iniciativas de aulas de reingreso para quienes están excluidos durante dos o más años del sistema educativo.

Estas estrategias significan un importante trabajo de planificación desde ahora mismo, articulando la colaboración entre las oficinas territoriales del MINEDUC, los sostenedores y las comunidades escolares, pero también implica complementar los recursos financieros existentes para asegurar su adecuada implementación. Con urgencia, debemos reestablecer y asegurar el derecho a la educación. No es posible revertir la brecha de aprendizajes y desarrollo si los niños, niñas y jóvenes no están en las salas de clase. Esta puede ser la inversión pública más rentable del país.

Fuente: Juan Pablo Valenzuela, director CIAE U. de Chile