Columna publicada en diario La Tercera, escrita por María José Opazo, académica e investigadora IE/CIAE U. de Chile y Juan Pablo Valenzuela, director CIAE, académico Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la U. de Chile.
Pese a las noticias desalentadoras y alarmantes que suele haber en torno a la educación en el país, se han evidenciado en los últimos días algunos consensos entre los equipos programáticos de los candidatos y candidatas a la Presidencia del país en cuanto a la importancia de la educación inicial. Así quedó demostrado en un webinar de alcance nacional, organizado por el Observatorio de Trayectorias Educativas, en el que los representantes de las candidaturas de Kast, Jara, Matthei, Parisi, Enríquez-Ominami, Kaiser y Mayne-Nicholls se reunieron para debatir sobre el futuro de la educación.
En las intervenciones, más allá de los distintos matices de cada candidatura, se repitió una convicción compartida: la educación de los primeros años es la base de toda trayectoria educativa y la inversión más justa y efectiva que puede hacer un Estado. Todos los comandos coinciden en tres aspectos fundamentales. El primero es la urgencia de ampliar la cobertura, especialmente en zonas rurales y sectores vulnerables, y de hacerlo con criterios territoriales que reconozcan la diversidad del país.
El segundo -y mayor punto de convergencia- es el financiamiento. Hoy los jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) reciben casi la mitad de los recursos que los establecimientos Junji e Integra, pese a atender a niñas y niños con niveles similares de vulnerabilidad. Esta desigualdad, reconocida por los equipos programáticos, se traduce en condiciones laborales precarias, dificultades para cumplir con los estándares de calidad y una sensación de inequidad que atraviesa todo el nivel. Equiparar la subvención y asegurar un financiamiento justo, estable y suficiente para todos los jardines, sin distinción de dependencia, es una de las prioridades del país si queremos garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas desde la primera infancia.
El tercer punto, no menor, es que la cobertura no basta si no va acompañada de calidad pedagógica, de espacios seguros, y de un reconocimiento real a las educadoras y técnicos que sostienen el trabajo cotidiano en las salas cuna y jardines. La formación continua, el liderazgo pedagógico y la valoración profesional del trabajo en la primera infancia son pilares de cualquier política de mediano y largo plazo en este ámbito.
Por eso, el llamado que hacemos desde la academia y la sociedad civil es inequívoco. Independiente de quién gane la elección, es imprescindible para el país recoger estos consensos y transformar la educación inicial en una prioridad nacional sostenida, con un plan de acción de largo plazo que trascienda los ciclos políticos. Invertir en la primera infancia no debe ser solo una promesa electoral: debe ser una responsabilidad ética y colectiva con el futuro de Chile.
Los acuerdos expresados en este debate no son sólo un buen síntoma. Son una oportunidad concreta de construir una agenda común que garantice que cada niño y niña, sin importar su origen, tenga acceso a una educación inicial equitativa y de calidad.