La segregación escolar se refiere a la distribución de los estudiantes entre los establecimientos escolares de un determinado territorio: país, región o ciudad. Un reciente estudio del CIAE del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile encontró que la segregación escolar en Chile ha mostrado una reducción importante en los últimos años. En efecto, el estudio encuentra que, tras un alza sostenida en la primera década del 2000, que ubicó a nuestro país entre las naciones con más alta segregación escolar en la OCDE, la segregación escolar, particularmente para los grupos vulnerables y medios, comenzó a bajar a partir de 2014-2015 para llegar, en 2024, a su nivel más bajo desde el 2000.

Estos resultados son auspiciosos porque dan cuenta del avance que pueden mostrar políticas públicas permanentes y enfocadas a este objetivo en particular, como han sido la ley SEP desde 2008 y la ley de Inclusión desde 2015. Además, son relevantes considerando la evidencia comparada que da cuenta de que reducir los niveles de segregación social es un objetivo difícil de alcanzar.

Sin embargo, la segregación escolar en Chile continúa siendo alta, particularmente entre los estudiantes de niveles socioeconómicos medio-alto y altos, sectores que casi no cambiaron en las décadas del 2000, manteniéndose entre los más altos del mundo.  

¿Por qué debe ser una prioridad seguir trabajando en reducir la segregación? La segregación escolar ha sido objeto de análisis permanente en los últimos 25 años en gran parte de los sistemas escolares: la OCDE, por ejemplo, lo agrega en cada reporte de su prueba internacional PISA, que mide el desempeño de estudiantes de enseñanza media.

La segregación escolar ha sido objeto de tanta atención porque sus consecuencias son decisivas, no solo para el sistema educativo, sino también para la sociedad en su conjunto. Cuando el origen social de los estudiantes determina en gran medida sus posibilidades de aprendizaje, la concentración de los grupos más vulnerables en ciertos establecimientos no solo limita su desarrollo, sino que también profundiza la inequidad en la distribución de oportunidades educativas. En otras palabras, no solo estamos reproduciendo desigualdades, sino que estamos profundizando brechas y negando las oportunidades de estos estudiantes.

Pero la segregación también puede ser muy ineficiente. Según la evidencia internacional, mientras mayor es la segregación social en un país, menor es el potencial de su sistema educativo.

Si embargo, su efecto más sustantivo es de orden ético y de los efectos sobre toda la sociedad. Como señala Pourtois (2023), entre los principales propósitos de la escuela está el que sus estudiantes aprendan a desarrollar la autonomía, su aprendizaje personal y también a desarrollarse y crecer con otros y otras diferentes, potenciando el reconocimiento y respeto por los otros, favoreciendo la cohesión social y la propia democracia. Así, la segregación social afecta a todos los estudiantes, independiente de su condición económica, con efectos durante la vida escolar, pero que se proyectan para todo su ciclo de vida.

Por todo ello, pese a los avances, el desafío del país de seguir reduciendo la segregación, en especial, entre los grupos medios y altos, es urgente. Para ello, debemos identificar nuevos mecanismos, como pueden ser el definir un plazo máximo para que todas los establecimientos que aún cuentan con financiamiento compartido puedan paulatinamente eliminarlo -ello permitiría que todas las familias tengan mayor libertad de elección, poniendo a su disposición todos los establecimientos con financiamiento público-. Otros mecanismos podrían ser que el sistema de admisión escolar priorice la mayor diversidad social en la composición escolar; y  también avanzar en políticas nacionales que afecten la composición de los establecimientos particulares sin aportes públicos, como por ejemplo, que sea obligatorio que cuenten con programas de integración escolar.

Reducir la segregación en todos los niveles socioeconómicos es un objetivo fundamental para el país, no solo por una mayor equidad y eficiencia, sino especialmente por la urgencia de construir una sociedad más cohesionada, con un futuro compartido y una democracia más robusta.