“El Crédito con Aval del Estado dio la estocada final a la gobernanza en educación superior, esto es, a la capacidad del gobierno de dar orientaciones respecto de políticas de educación superior”. Así lo aseguró el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, quien dictó una charla en el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile sobre el impacto del CAE en el sistema de educación terciaria, a propósito de su libro “Endeudar para mercantilizar y gobernar: el caso del CAE”.
Para Kremerman, el establecimiento del CAE en 2006 “permitió instalar el mercado y pasar de un sistema de créditos solidario a consolidar un sistema basado en el endeudamiento de los alumnos”. El economista recordó que en los 70, cuando existían sólo ocho universidades en Chile con sedes regionales, los alumnos no cancelaban por la educación y sólo pagaban cuotas de solidaridad, diferenciadas según capacidad de pago, que iban a costear gastos de mantención y alimentación. Para 1973, había 140 mil alumnos matriculados.
En 1990, cuando empezaron las universidades privadas, la matrícula aumentó sólo en 100 mil alumnos, explicó el Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Chile e integrante de la Fundación Sol. “Desde 1990 al año 2005, se sucedieron tres gobiernos de la Concertación, los cuales comienzan a incorporar una serie de modificaciones al sistema de educación superior, pero a partir de la filosofía y el modelo heredado de la dictadura militar”, agregó.
Un año antes de que empezara a regir el CAE –dijo Kremerman- la matrícula total llegaba a 663.679 estudiantes, había 25 universidades tradicionales, 36 privadas, 47 Institutos Profesionales y 111 Centros de Formación Técnica. Y el subsidio a la demanda (Becas y Créditos) representaba un 34,1% del gasto total.
El año 2006 se creó el CAE bajo la premisa de que había que aumentar el acceso a la educación superior y de que el Estado no tenía recursos para ello.
El Estado utilizó incentivos de mercado para que a la banca le interesara participar del sistema: el aval del Estado o de un establecimiento de educación superior, que el Estado recomprara el 25% de los créditos otorgados cada año y que recompra fuese a un sobreprecio del 6%. Sin embargo, el sobreprecio en la recompra ha sido mucho mayor, de 27,5% promedio. Y la recompra también, llegando hasta el 50% en algunos casos de entidades bancarias.
Ese endeudamiento se dio en un contexto de contracción salarial en el país, explicó el economista: entre 1990 y 2015, el PIB por persona al año creció 5,5%, mientras los salarios promedio sólo aumentaron menos de la mitad.
“El CAE es una manera de aumentar la matrícula de educación superior a través de recursos de terceros”, dijo.
Según los datos aportados por Kremerman, el año 2015 –como consecuencia directa del CAE- ya se registraban 1.232.791 estudiantes en la educación superior, lo que representa un aumento de 569.112 alumnos con respecto a 2005. “El 70% de este aumento se ha concentrado en sólo 20 instituciones, quienes se llevan dos tercios del CAE. Si el año 2005, estas instituciones concentraban el 20% de la matrícula, para el año 2015 concentran la mitad”, dijo el especialista.
Agregó que el Estado termina comprando los créditos más riesgosos y de instituciones más riesgosas, mientras la banca se queda con los créditos más seguros. “Hoy día la suma de lo que se destina a CAE, es casi lo mismo que se ha destinado a gratuidad. Es más, si uno suma lo que ha comprado el Fisco más el sobreprecio, estamos hablando de 2,1 billones de pesos. Es muy pertinente volver a hacer la pregunta: ¿el Estado no tenía recursos para entregar o es que los recursos fueron asignados de otra manera?”, explicó Kremerman.