Datos: El financiamiento compartido se crea en 1988 y se reforma en 1993, permitiendo su expansión. Hoy el 70% de la matrícula particular subvencionada está bajo esta modalidad. El límite máximo de cobro a las familias es de $ 85 mil.
Reforma: se propone eliminar el financiamiento compartido en un plazo de 10 años, aumentando gradualmente la Subvención Escolar Preferencial (SEP) hasta llegar al 80% de las familias del país. Esto operaría sólo para los colegios subvencionados que firmen convenios con el Estado. Además, se creará una subvención para la gratuidad.
Artículo de Juan Pablo Valenzuela.
El artículo hace una revisión de la evidencia existente acerca de los efectos del financiamiento compartido y concluye que el término de este mecanismo –que nunca debió haberse incluido en el sistema escolar chileno– ampliará las oportunidades educativas de los niños y jóvenes, especialmente de los grupos medios y vulnerables, mejorará las oportunidades para que el sistema escolar cumpla de mejor forma su objetivo de cohesión e integración social, del ejercicio de la tolerancia, convivencia y respeto de la diversidad, como también pondrá nuevamente a la escuela como una institución que permite fortalecer nuestra identidad y cultura nacional. Aunque no por ello, agrega el autor, resuelve los desafíos de asegurar una educación de calidad para todos los niños y jóvenes de nuestro país.
Tesis de magíster
¿Cuál es el efecto del financiamiento compartido sobre el rendimiento escolar, medido en pruebas Simce? Es lo que determinó una tesis del Magíster de Economía Aplicada del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, de Trinidad Saavedra, dirigida por la directora del departamento y directora académica del CIAE, Alejandra Mizala.
El estudio concluye que, tras corregir el sesgo de selección, las diferencias de puntajes entre colegios subvencionados con financiamiento compartido y subvencionados gratuitos se reducen. Pasan de 19 puntos (sin corregir) a 6 puntos en matemáticas, mientras que en lenguaje la brecha baja de 13 puntos (sin corregir) a prácticamente cero.
En la tesis también se analizó si hay efectos heterogéneos del financiamiento compartido sobre los resultados del SIMCE, asociados a los años que los establecimientos llevan en el sistema y al monto cobrado a los padres. Para el caso de la prueba de lenguaje, no se aprecian diferencias entre los colegios que cobran y los gratuitos, independiente de los años que el colegio lleve en el sistema. Según el monto cobrado a los padres, no existen diferencias entre el puntaje SIMCE de matemáticas de los alumnos que asisten a establecimientos que tienen 16 años de financiamiento compartido y que cobran menos de $8.000 mensuales, y el puntaje de los alumnos que asisten a establecimientos gratuitos.
Exposición de Juan Pablo Valenzuela, ante el Colegio de Profesores el 7 de mayo de 2014
Por eficiencia, efectividad y equidad el financiamiento debiese ser eliminado, planteó el académico del CIAE, Juan Pablo Valenzuela. ¿Cómo debe operar dicha eliminación? Debe ser gradual, con foco en promover la recomposición social de los colegios más que en compensar monetariamente hacia arriba y diseñar un mecanismo para que un alto porcentaje de colegios sea gratuito al inicio de la reforma.
Presentación incluye, además, cuáles son los efectos del mecanismo sobre la equidad, efectividad y eficiencia en el sistema.
Estudio de Alejandra Mizala y Florencia Torche
Estudio analiza el efecto de la Subvención Escolar Preferencial, instaurada desde 2008 y que da recursos adicionales por alumno vulnerable, sobre los establecimientos. Concluye que los colegios particular subvencionados, luego de ingresar a la SEP, aumentaron en promedio sus puntajes en la prueba Simce. Este efecto positivo aumenta con los años de exposición a la SEP: entre las escuelas que ingresaron al sistema en 2008, el Simce aumentó 2 puntos en 2009, 4,6 puntos para las que la implementaron desde 2010; y 6,8 puntos para las que lo aplicaron desde 2011. Para matemáticas se observa el mismo patrón, con una ganancia acumulada de 3 puntos en 2009, 5 puntos en 2010 y 10 puntos en 2011. Esto sugiere que los colegios requieren tiempo para hacer un uso óptimo de los recursos que conlleva la SEP.
Las escuelas del quintil más pobre fueron las que experimentaron mayores aumentos: 13 puntos para matemáticas, 10 puntos para lenguaje. Además, el efecto aumenta significativamente para estas escuelas con el tiempo. Las autoras concluyen que la SEP obtiene resultados alineados con sus objetivos, esto es, logra mejorar los resultados educativos, medidos por las pruebas estandarizadas, por lo que recomiendan que es importante seguir fortaleciéndola.
Datos: Hoy se permite el lucro en el sistema escolar con recursos públicos, mientras se prohíbe a nivel de educación superior. El 31% de la matrícula escolar (más de un millón de alumnos) está bajo esta modalidad.
Reforma: se propone eliminar el lucro en todo el sistema escolar.
Artículo de Cristián Bellei, publicado en “Los fines de la educación”, CEPPE 2013.
En el artículo, el autor examina la evidencia en torno al lucro y concluye que existe suficiente evidencia sobre el tema que es neutra o negativa en términos de calidad y eficiencia; existe evidencia consistentemente negativa en términos de equidad y cohesión social; y existe algo de evidencia mixta en términos de su aporte a la diversidad y la libertad de elección. “Si estuviéramos en un país que está discutiendo acerca de si introducir o no esta política a escala nacional, la recomendación responsable –basada en la evidencia científica- sería negativa”, concluye Bellei.
Datos: Pese a estar prohibida la selección hasta sexto básico por la Ley General de Educación, existe evidencia de que los colegios siguen estableciendo métodos para seleccionar a sus alumnos. El sistema escolar chileno es uno de los más segregados del mundo.
Reforma: se propone eliminar la selección por parte de los colegios, estableciendo una plataforma coordinada por el Mineduc donde los padres puedan postular, después de aceptar el proyecto educativo del colegio.
Artículo de Juan Pablo Valenzuela, Cristóbal Villalobos, Gabriela Gómez
El artículo busca complementar y profundizar anteriores investigaciones sobre los procesos de segregación y polarización del sistema escolar chileno -que presenta niveles extremos respecto al panorama internacional-.Con este fin, se analiza la distribución de estudiantes pertenecientes a un grupo muy poco estudiado durante los últimos años: los estudiantes de los grupos medios socioeconómicos.
Los resultados muestran que, tanto a nivel socioeconómico como académico, la distribución de la segregación educativa adquiere una forma de “U”, con niveles altos de segregación en los extremos –especialmente en términos socioeconómicos- pero con un comportamiento de meseta relativamente estable y elevado en el centro de la distribución. Esto implica que son los estudiantes vulnerables y los de la élite los que se encuentran más segregados del sistema escolar, y que los grupos medios presentan una situación intermedia.
Estudio de Juan Pablo Valenzuela, Cristián Bellei y Danae de Los Ríos publicado en Journal of Education Policy.
La segregación escolar es un 30% más alta que la residencial, mientras que algunas dinámicas de mercado del sistema escolar, como privatización, capacidad de pago y elección de escuelas, están vinculadas estrechamente con la segregación escolar. El nivel de segregación socioeconómica de las escuelas chilenas ha tenido una tendencia al alza en la última década. Entre 1999 y 2008, el índice Duncan aumentó de 0,51 a 0,54 para el 30% de estudiantes de cuarto básico de menores recursos y de 0,58 a 0,60 para los estudiantes del mismo grado, ubicados en el 30% de mayores recursos de la población.
Éstas son algunas de las conclusiones del estudio “Segregación socioeconómica de las escuelas en un sistema educacional orientado por el mercado: el caso de Chile”, realizado por los investigadores Juan Pablo Valenzuela y Cristián Bellei, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile; y Danae de Los Ríos, de la Universidad Diego Portales.
Estudio de Alejandra Mizala y Florencia Torche, publicado en la revista International Journal of Educational Development
Este estudio muestra que el sistema educacional en nuestro país ha generado una forma particular de estratificación. Contrario a la visión simplificada, en la cual los colegios particulares subvencionados atraerían a los “mejores estudiantes” de los colegios municipales (léase de un nivel socioeconómico más alto)
-para dejar a los más pobres en estos establecimientos-, los datos muestran que el sistema particular subvencionado atiende a familias de un amplio espectro socioeconómico, si bien al interior de cada uno de los colegios el nivel socioeconómico de los estudiantes es muy homogéneo.
Esto implica que el sector particular subvencionado se ve inclusivo, porque hay todo tipo de colegios, es decir, desde colegios para la clase media acomodada hasta colegios para pobres. Sin embargo, la unidad de análisis relevante no es el sector a nivel agregado, sino el colegio. En particular, el estudio encontró que los establecimientos particulares subvencionados estratifican por nivel socioeconómico y consecuentemente por resultados académicos; así hay colegios particulares subvencionados para niños acomodados y con buenos resultados escolares, y colegios para niños pobres con peores resultados académicos.
La pronunciada estratificación económica del sector particular subvencionado también se manifiesta en la elevada asociación que existe entre el nivel socioeconómico del colegio (que es el promedio del nivel socioeconómico de todos los alumnos) y los resultados en el SIMCE. Esta asociación es más del doble en tamaño en los colegios particulares subvencionados que en los colegios municipales, aun después de aislar el impacto del nivel socioeconómico individual. En otras palabras, el resultado educativo de un estudiante que asiste a un colegio particular subvencionado depende en gran medida de la composición socioeconómica del alumnado del colegio al que va, lo que significa que nuestras aulas no tienen la capacidad de interrumpir la reproducción cultural de la pobreza.
Artículo de Cristián Bellei, Juan Pablo Valenzuela, Danae de Los Ríos
El artículo demuestra que el sistema escolar tiene una responsabilidad específica en la producción de la segregación escolar: mientras en algunos contextos el sistema escolar puede mitigar en parte la segregación residencial, en el caso chileno ocurre lo contrario. Ciertos dispositivos educacionales contribuyen a aumentarla, de forma que los niños y jóvenes chilenos se encuentran socioeconómicamente más segregados en sus escuelas y liceos que en sus barrios y ciudades.
Es probable que un sistema escolar segregado beneficie (por ejemplo, en términos de logros académicos) a quienes no son parte de los grupos vulnerables o, al menos, a quienes conforman los grupos privilegiados de la sociedad. Todo lo anterior sugiere que las políticas de combate a la segregación escolar enfrentarán enormes dificultades para generar consensos amplios en torno suyo.
Datos: La educación pública atiende hoy al 36% de la matrícula escolar del país. Hasta la reforma del 80, las escuelas públicas dependían del Estado y sus profesores eran funcionarios públicos. La reforma traspasó la administración de las escuelas a los municipios y los docentes pasaron a regirse por el Código Laboral, hasta 1991 cuando se crea el Estatuto Docente.
Reforma: durante el segundo semestre se enviará proyecto para desmunicipalizar la educación pública.
Artículo de Cristián Bellei, Pablo González y Juan Pablo Valenzuela
El artículo expone y fundamenta una propuesta de fortalecimiento de la educación pública chilena. Para ello, se propone una nueva agencia administradora y un cambio de dependencia institucional de la educación. Además, sugiere una estrategia integral para revitalizar la educación pública, resolviendo, por ejemplo, las asimetrías que hoy operan sobre quienes reciben financiamiento del Estado.
Presentación de Cristián Bellei en seminario del CEP
En esta presentación en el CEP, el académico Cristián Bellei plantea una nueva institucionalidad para la administración de las escuelas públicas, que incluya la creación de agencias locales especializadas con función única y que sean descentralizadas administrativa y financieramente.