Si bien los anuncios en educación de la presidenta Bachelet el pasado 21 de mayo se refieren a medidas concretas para fomentar la igualdad de oportunidades entre los estudiantes universitarios y para desincentivar el lucro por parte de las instituciones de educación superior, aún faltan conversaciones más de fondo que aborden las cuestiones de calidad y gratuidad en este nivel de educación y que permitan dar cuenta de un proyecto país hacia el que se dirigen y en torno al cual se articulan las políticas públicas en educación.  En un país como Chile y en una región fuertemente segmentada y estratificada, el proyecto de nuestro país debiera apuntar a una sociedad más igualitaria.  

La gratuidad es un tema que está siendo fuertemente debatido y que divide a académicos, políticos, estudiantes y a la población en general. ¿Gratuidad para todos? Desde la perspectiva de la mayoría de los estudiantes pareciera que sí, incluso para los que pueden costearla. ¿Gratuidad para las universidades que cumplen con un rol público? Esto es lo que sugieren algunos académicos e intelectuales, aunque las definiciones sobre el rol público de las universidades son ambiguas.  

En el último número de El Paracaídas algunos políticos y académicos señalan que el Estado habría de financiar universidades privadas, siempre y cuando cumplan con un rol público.  Este rol público es definido allí de dos diferentes maneras: se equipara lo público como sistema de democracia interna de la universidad, o bien se le define como creación de espacios públicos.  

Pero la literatura especializada dice que hay muchas más definiciones de la dimensión pública de la universidad que son importantes de discutir y que están lejos de generar consenso. Pongamos un ejemplo: el caso de una universidad privada que se define a sí misma como una universidad con un rol público -muchas universidades privadas se definen en esos términos- y en que la mayoría de sus estudiantes provienen de los quintiles más ricos del país. ¿Tendría que transferir dinero el Estado a estas universidades considerando que existen otras universidades -estatales o privadas post años ’80- o institutos profesionales que reciben en su mayoría estudiantes de los quintiles más pobres?  Si lo que Chile quiere como proyecto de país es promover una sociedad más igualitaria, ¿no tendrían que recibir estas instituciones de educación superior una atención preferencial y, en tal sentido, los estudiantes acceder a una educación gratuita? 

Si es que el gobierno realmente quiere impulsar reformas educativas que promuevan un país más igualitario, lo primero es que el Estado debe hacerse cargo de una educación de excelencia de todos sus ciudadanos.  Y hacerse cargo no necesariamente significa gratuidad.  Por supuesto que involucra un aspecto financiero, pero también uno regulativo, de regulación de la calidad educativa.

En el aspecto financiero, lo primero es que el Estado debe hacerse cargo de sus universidades estatales.  Una definición de lo público proviene de la economía y señala que lo público guarda relación con cuestiones de propiedad y financiamiento. Si yo soy el dueño en términos legales, entonces, debo hacerme cargo de aquello que es de mi propiedad.  Sin embargo, desde los años 80, el Estado no ha cumplido con su rol de propietario de las universidades estatales. Más bien las ha abandonado y las ha dejado expuestas al mercado y las ha incentivado a competir con rivales con muchos más recursos, como los privados. 

En esas circunstancias, las universidades estatales han tenido que sobrevivir y, literalmente, comercializar productos educativos ya sea creando carreras de pregrado y programas de postgrado, aumentando matrículas, creando campuses y vendiendo servicios, cuestiones de las que han sido cómplices muchos académicos, algunos con la excusa de que deben complementar sus sueldos.  Así, las universidades estatales han estado compitiendo con universidades privadas -especialmente con algunas post 80- en la venta de servicios educativos. Algunos dirían que con la diferencia de que a algunas de estas últimas las ha movido el lucro. 

Cuando señalo que el Estado debe hacerse cargo de sus universidades, no me refiero a entregar recursos contra resultados sino que a garantizar un financiamiento base mínimo y proporcionalmente igualitario a todas sus universidades estatales, que les permita realizar sus tareas clásicas de docencia, investigación y extensión con estándares mínimos de calidad.  

Aquí no concuerdo con el argumento de que algunas universidades estatales reciben más fondos pues hacen más investigación o actividades de extensión.  Lo anterior ha llevado a la creación de un sistema estratificado de universidades estatales en la que unas sólo se dedican a la docencia -y con suerte realizan algunas actividades de vinculación con el medio- y otras son consideradas universidades complejas pues realizan no sólo estas tareas sino que también investigación y aportes a la sociedad en términos artísticos.  Hemos creado un sistema de universidades estatales elitista y segregador que lo que hace más bien es reproducir la estratificación social del país, en lugar de intentar promover una sociedad más igualitaria. 

En un país como Chile, donde las arcas fiscales son limitadas, el Estado no podría entregar recursos ilimitados a sus universidades estatales sin regular qué tipo de educación se está entregando o el nivel de investigación que se está realizando.  Aquí el Estado tiene el deber de fiscalizar, regular; ésta es parte de su tarea, velar porque las instituciones de educación superior sean instituciones de calidad. 

En el caso de las universidades privadas -sean tradicionales o no, y reciban o no recursos del Estado- así como de los institutos profesionales y centros de formación técnica, también el Estado debe ejercer un rol regulador.  No olvidemos que las instituciones privadas de educación superior han ayudado a expandir este nivel educativo de manera considerable pero, por lo mismo, se hacen necesarios mecanismos de control de excelencia educativo rigurosos y adecuados a cada realidad, distinto al sistema de acreditación actual que ha resultado defectuoso y corruptible.

Hace poco, en la preparación de un simposio sobre el rol público de las universidades, un colega finlandés experto en educación superior enunció que las universidades privadas en el contexto nórdico se definen como ‘universidades independientes’ más que como proveedores privados de educación superior.  Estas universidades están fuertemente reguladas por el Estado.  Sabemos que el caso nórdico es lejano al chileno –por el tipo de economía y relaciones entre el estado, la educación superior y lo privado-, pero si realmente se quiere calidad de la educación superior, se ha de contar con criterios mínimos que definan esta calidad e implementar aquellos mecanismos que permitan regularla desde el Estado pues, a estas alturas, ya queda claro que el mercado por sí solo no regula nada. 

La calidad educativa, sin embargo, se encuentra en tensión con mayor acceso.  Las universidades estatales debieran tener no sólo una atención preferencial dirigida a los estudiantes de los quintiles más bajos sino que también permitir un mayor acceso.  El fortalecimiento del PACE anunciado por la presidenta va precisamente en esta línea y parece clave, aunque se requiere de más discusión y reflexión al respecto.  

Hay un gran sector del país que no es partidario de que las instituciones de elite reciban a ‘estudiantes desventajados’. Al fin y al cabo, contar con una elite permite crear un grupo pequeño, no masificado y diferenciar aquello que es mejor de lo peor. Sin embargo, ¿podríamos aspirar y comprometernos como país a aumentar el capital cultural de todos los ciudadanos a través de una educación pública de calidad financiada por el Estado? ¿Sería impensable concebir que en Chile –y a nivel internacional- todas nuestras universidades estatales se transformen en universidades de excelencia en docencia e investigación? 

Promover una sociedad más igualitaria también forma parte del rol público de las instituciones de educación superior. Desde aquí se habla de una visión transformativa de las instituciones de este nivel educativo. Sin esta dimensión, las instituciones de educación superior quedan despojadas de su rol social y la discusión se reduce más bien a formas de financiación o a un rol de producción de conocimiento, su transferencia y socialización. Las instituciones de educación superior con un sentido público tienen como misión no sólo el aumento del capital cultural de los individuos sino que también el compromiso de mejorar la sociedad nacional y global.

 La discusión sobre la dimensión transformativa de las instituciones de educación superior como parte de su rol público es más que nunca necesaria en Chile por dos razones. En primer lugar, porque nos encontramos inmersos en un sistema de educación terciaria en el que la inversión pública es de las más exiguas - comparada con otros países miembros de la OCDE (2012)- y en el que universidades públicas y privadas compiten por recursos y comercializan servicios, y la mayoría de los institutos profesionales y centros de formación técnica tienen fines de lucro.  La línea entre lo privado y lo público se vuelve difusa en estas circunstancias y la educación se concibe en términos de bienes comercializables.

En segundo lugar, debido a la estratificación que se observa en el sistema universitario.  El sistema de selección universitaria (PSU) ha instalado un grupo de universidades “selectas” que históricamente han incluido a las universidades tradicionales -estatales y privadas- y que ahora están incorporado un número -más bien reducido- de universidades privadas post ‘80.  Estas universidades elitistas albergan, en su mayoría, estudiantes pertenecientes al 10% de las familias más acomodadas del país.  En cambio, algunas universidades privadas post ‘80, tienen, como mayoría entre sus estudiantes, aquellos provenientes de los quintiles más bajos de la población (a sabiendas que muchas de éstas han sido criticadas por lucrar o bien, en el caso de algunas de ellas, por entregar una formación de dudosa calidad). 

El debate y la reflexión sobre el rol público de las instituciones de educación superior requieren de tiempo y del involucramiento de todos los sectores de la sociedad. Ahora que la reforma educativa está en marcha, propongamos definiciones sobre lo público y su relación con las instituciones del sistema de educación superior y esclarezcámoslas; analicemos e investiguemos de dónde provienen y quiénes las plantean (y qué posiciones de poder ocupan dentro del sistema).  No olvidemos que tras cada definición existen ideologías de base. 

Mi propuesta aquí -ideología incluida- es que la educación pública no puede perder de vista una función transformativa y de promoción de la equidad social, especialmente en un país tan segmentado y mercantilizado como Chile.

Fuente: Carolina Guzmán, investigadora CIAE U. de Chile