Con el propósito de conseguir el respaldo parlamentario a ciertas iniciativas legislativas en educación, el Gobierno ha suscrito un “Protocolo de acuerdo” con la mayoría de los partidos de la Concertación. El Protocolo, más que un documento marco para la reforma educacional, en verdad es una lista de más de 40 compromisos de muy distinto nivel y relevancia. Celebrado por algunos como un avance histórico y denunciado por otros como una transacción apresurada, ¿qué se puede decir sobre su real trascendencia?

En lo inmediato, se intenta resolver algunos problemas evidentes que tenían las iniciativas legales presentadas por el Gobierno (como su insuficiente e inequitativo financiamiento) y se revierte algunas de las medidas más desafortunadas tomadas en 2010 por el Ministerio de Educación, como la disminución de horas de Historia y la publicación del Simce bajo la forma de un semáforo. Ciertamente, un diseño más cuidadoso y una mínima discusión pública de estas iniciativas hubiesen bastado para resolver anticipadamente estos errores.

El Protocolo también contiene algunas iniciativas muy valiosas, como la extensión de la subvención preferencial a la educación media, el establecimiento de convenios de desempeño con universidades para mejorar la formación inicial docente, la creación de un fondo de mejoramiento de la educación municipal, y el inicio de un programa focalizado de apoyo a los establecimientos más vulnerables. En todos estos casos, se trata de extensiones o reediciones de políticas educacionales realizadas en los años anteriores.

Finalmente, ¿qué propone el Protocolo como soluciones de largo plazo a los problemas de la educación municipal, del desarrollo profesional de los profesores y del sistema de financiamiento de la educación subvencionada? Por ahora, nada; sólo el compromiso de que se abordarán más adelante. Lamentablemente, el campo político no parece percatarse de la gravedad de estos problemas ni de la urgencia de enfrentarlos: el Acuerdo por la Calidad de la Educación, firmado en 2007 por la Concertación y la Alianza, también dejó sin abordar precisamente estos tres aspectos.

La ausencia de definiciones sobre estas materias no es casual, así lo demuestra la errática discusión que el País ha tenido en los últimos años sobre cómo fortalecer la educación pública. Algunos no ven la necesidad de hacerlo, porque no distinguen entre educación pública y educación privada; otros reducen el problema a cómo resolver el desfinanciamiento de los municipios; y un grupo todavía revive el fantasma del estatismo y se atrinchera en una defensa corporativa de los colegios privados. Así las cosas, la “defensa de la educación pública” aparece como la lucha sindical de profesores que no quieren perder su empleo o el reclamo de los alcaldes que necesitan cuadrar la caja del presupuesto municipal. Mientras los tomadores de decisiones no comprendan el rol estratégico que el fortalecimiento de la educación pública tiene para elevar la calidad y equidad del sistema educacional en su conjunto, estos malentendidos continuarán confundiendo la discusión e impidiendo al país avanzar en este crucial frente.

Al dejar para más adelante las soluciones a los problemas más relevantes, la evaluación final que se puede hacer sobre la trascendencia del Protocolo queda también suspendida: tarea para marzo.