En las últimas décadas, hemos observado una preocupante reducción del número de alumnos que asiste a los colegios municipales: en el año ‘90 esta matrícula representaba un 60%, en tanto que hoy corresponde a menos del 40%. Como el sistema de financiamiento consiste en una subvención por alumno que asiste a clases, esta baja en la matrícula ha generado una disminución de recursos que, en algunos casos, no permite financiar a los docentes y a los equipos directivos de los establecimientos. Esto ha generado significativos déficits para los municipios, lo que sin duda atenta contra la calidad de estos colegios que atienden a la población más vulnerable del país.

Pero la preocupación por la educación pública no sólo descansa en el hecho que las familias de menores recursos son las que se mantienen en la educación municipal, sino que se relaciona con el rol fundamental que ella cumple en cualquier sociedad. Chile no es una excepción, la educación pública es la que garantiza el derecho constitucional a educación obligatoria y gratuita, la que asegura la oferta de proyectos educativos integradores, pluralistas y no sólo aquellos asociados a (legítimos) intereses particulares, también permite desarrollar proyectos de interés común, a la vez de promover equidad en la calidad educativa. Por último, la educación pública debería fijar estándares elevados de calidad, promoviendo la búsqueda de la excelencia en el conjunto del sistema educativo.

Parece haber consenso en que la educación pública es la que le permite a la sociedad cumplir los propósitos más arriba señalados. Al menos así quedó plasmado en el informe sobre fortalecimiento de la institucionalidad de la educación pública elaborado el año pasado por un panel de expertos con miradas transversales sobre la educación. Sin embargo, a pesar del acuerdo sobre la importancia de la educación pública para el país, no hemos avanzado en su fortalecimiento. Una de las dificultades principales que ella enfrenta es que su institucionalidad falla en lo esencial: es un sistema que no tiene dirección clara, donde las responsabilidades están diluidas, en cierta medida porque existe una doble dependencia de los establecimientos educacionales; en sus aspectos técnico-pedagógicos dependen del Ministerio de Educación, pero en la gestión responden a los municipios, muchos de los cuales no tienen las competencias técnico-pedagógicas requeridas.

Al mismo tiempo existe un importante desnivel en las reglas del juego a que están sometidos los establecimientos municipales y particulares subvencionados, por ejemplo, en relación con la gestión de sus recursos humanos, a sus fuentes de financiamiento y a la selección de alumnos. Sólo los establecimientos municipales están sujetos al estatuto docente, que contempla una serie de regulaciones que limitan el diseño y la gestión de sus políticas de recursos humanos. Los colegios municipales tienen acceso a menores fuentes de recursos, en particular, hay diferencias relevantes de ingresos debido a la importancia del financiamiento compartido para los establecimientos particulares subvencionados.

Finalmente, los colegios municipales deben aceptar a todos sus postulantes, excepto si tienen exceso de demanda, mientras que el sector particular subvencionado selecciona a sus estudiantes, práctica que aparentemente subsiste a pesar de que la Ley General de Educación lo prohíbe hasta sexto año básico.

Lamentablemente, no hemos avanzado en el tema de la institucionalidad de la educación pública. El proyecto de ley que está en el Congreso desde el año pasado tiene la peculiaridad de que no satisface a nadie, ha sido criticado por los alcaldes, los docentes, los estudiantes y también por los parlamentarios de los distintos partidos. Además, es poco probable que se avance en este tema en un año de elecciones municipales. 

Para complicar aún más la situación de la educación pública, varios de los últimos proyectos de ley ingresados al Congreso -de ser aprobados- van a profundizar el desnivel de la cancha entre la educación pública y la particular subvencionada. Este es el caso del proyecto de carrera docente, que sólo considera obligatoria esta nueva carrera para los profesores del sector municipal, liberando de esta obligación a los sostenedores particulares subvencionados, a quienes, sin embargo, les entregará mayores recursos vía aumentos de la subvención por alumno para ambos tipos de colegios. Hay buenas razones para argumentar la conveniencia de que la carrera profesional docente esté abierta también a los profesores que trabajan en el sector particular subvencionado. Sólo en esa eventualidad, el financiamiento adicional que supone la carrera docente debería estar disponible también para los sostenedores privados, bajo el concepto de que toda obligación contraída por el Estado que tenga implicancias financieras, más allá de la voluntad del sostenedor, debe ser debidamente financiada por el Estado.

Algo similar ocurre con el proyecto de ley de reforma tributaria, que considera la posibilidad de que los padres cuyo ingreso imponible se encuentre entre $535.261 y $1.445.000 puedan descontar de impuestos gastos de educación de hasta $200 mil anuales por hijo, lo que corresponde al copago promedio anual de un colegio particular subvencionado. Esto puede ser una señal muy negativa para la educación pública, animando a los padres que aún tienen a sus hijos en estos colegios a moverse hacia el sector particular.

La autora es académica del Centro de Economía Aplicada, Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.