El principio detrás de la gratuidad es la primera señal de la educación como un derecho social, dice la investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación, Carolina Guzmán, en un artículo aparecido en la revista de educación superior University World News , que analiza la medida que desde este año permite a los estudiantes de los primeros cinco deciles socioeconómicos estudiar gratis en universidades que cumplen ciertos requisitos.

“El gobierno ha reconocido que una sociedad inclusiva debe ofrecer iguales oportunidades en acceder a la educación superior, independiente de su clase social. Acceder a la educación superior debe depender del mérito y el esfuerzo. Sin embargo, existen algunos obstáculos”, plantea Guzmán en el artículo.

Señala que el debate se ha centrado en si el financiar educación superior a través de impuestos pagados por todos los ciudadanos –incluyendo los de escasos recursos-, es una medida regresiva, considerando que se pueda terminar subsidiando a los estudiantes de mayor nivel socioeconómico, mientras el Estado tiene otras demandas que financiar. Como resultado, el gobierno de Bachelet ofreció gratuidad para el 50% más pobre de la población.

La otra controversia, explica el artículo, es quién provee educación superior gratuita y cuántos recursos debe transferir el Estado a cada universidad, dado que los aranceles difieren según institución y disciplina. El gobierno ha establecido una cantidad determinada, que no siempre es equivalente al costo real de los programas de pregrado, lo que significa, en algunos casos, que las universidades deban contribuir a financiar el costo de la educación de sus estudiantes.   

Además de ello, se debe desarrollar suficiente capital cultural en la educación primaria y secundaria que permita a los estudiantes acceder a instituciones de calidad.

Por todo ello, la experta dice que el 2016 será un año decisivo y se pregunta qué otros países seguirán esta tendencia.