Justo al lado de la Federación de Estudiantes, en la calle que lleva el nombre del periodista asesinado en dictadura, José Carrasco Tapia. En el centro de la capital de Chile, un país donde las estructuras educacionales se han movido en los últimos años bajo la presión de una calle que ha movilizado a escolares, familias, universitarios, mujeres. Ahí está el edificio del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), desde donde Beatrice Ávalos, profesora titular de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Educación, observa el devenir de la historia, siendo protagonista de una época de paradojas.

El diálogo se da entre viajes, en abril, justo antes de recibir de parte de la Asociación Norteamericana de Investigadores en Educación (AERA) un premio a la trayectoria que honra el compromiso de largo plazo con la comprensión de la vida y la carrera de los docentes. AERA es la asociación de investigación interdisciplinaria más grande del mundo dedicada al estudio científico de la educación y el aprendizaje.

En el CIAE, que cumple una década de existencia, Ávalos hace un mapa de estos días en que el Instituto Nacional —al menos la mayoría de sus estudiantes— puja por ser mixto; el Ministerio de Educación insiste en no otorgar gratuidad a quienes se atrasan en la educación superior; el gobierno asume una discusión que merece una densidad estructural —y que no se está dando— sobre lo que el Ejecutivo llama Aula Segura y Admisión Justa; y el financiamiento a la gratuidad se fragiliza si no se aumentan los impuestos a quienes reciben mayor renta en Chile. El mapa de Ávalos —profesora de aula de Historia y Geografía y doctora por la St. Louis University— conecta cada uno de estos puntos con un concepto que de tanto ser nombrado se normaliza: la meritocracia, una idea confusa, ya que no se puede hablar de méritos cuando las condiciones de base no son las mismas para todos.

El derecho a la educación debería estar garantizado ahora que ésta se observa culturalmente como un derecho y no un privilegio. Pero ese giro “está en crisis porque no alcanzan los recursos”, sostiene la investigadora. Por ejemplo, y en relación a quienes se atrasan en la duración de su carrera universitaria, ese derecho se quiebra. “Cuando se discute la gratuidad se asume que quien recibió plata para estudiar gratis la va a usar responsablemente, va a estudiar al máximo y va a terminar a tiempo. Con ese presupuesto se empieza a discutir y se aprueba la ley. Es el perfecto concepto meritocrático. Pero ahora nos damos cuenta de que aunque el o la estudiante se haya esforzado mucho, entró con una base inferior y no logra competir bien con los otros. Resulta que su vida familiar es compleja, entonces queda rezagado. Antes, atrasarse hablaba incluso de buena formación. Pero no funciona así. Tenemos, además, una formación universitaria larga comparada con otros países. En ese presupuesto se funcionó con una ética sostenida en la responsabilidad del estudiante”, explica, apelando a que se logre avanzar en otorgar financiamiento de uno o dos años más a quienes se atrasen por razones que no tienen que ver con el mérito.

Luego de una vida en el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), en el Ministerio de Educación y en las universidades de Gales, College Cardiff y Papua New Guinea, Beatrice Ávalos se incorporó en 2008 al CIAE como una de sus fundadoras, donde realiza estudios sobre docentes y sus trayectorias. A lo largo de todo ese recorrido ha visto que el mérito es un concepto tramposo en Chile.

“Tenemos una concepción socioeconómica heredada de la dictadura que no pudimos cambiar en los primeros años, y más tarde ha sido demasiado difícil, quizás por lo arraigada que está en el modo de vivir y entender la sociedad. Esta concepción tiene su expresión educacional en el gran valor que se le da a la meritocracia, en el sentido de que le damos la oportunidad a los mejores para que logren lo que se merecen. El problema está en el concepto de quiénes son los mejores, porque éstos pueden ser los que se esfuerzan, los que tienen una base sociocultural y familiar que les da un punto de partida más alto y logran llegar más allá. Y sobre el resto, quedamos sin saber si pueden o no pueden en términos educacionales”.

Esta reflexión comenzó a ser desarrollada a partir del libro TheRise of Meritocracy(1958), del sociólogo británico Michael Young, en tiempos en que en Inglaterra se instalaba la escuela básica abierta, sin paredes, aunque fue una realidad que no se mantuvo. “Yo no tengo nada en contra del principio de que nos esforcemos y podamos caminar hacia adelante. El problema es la base desde la que podemos hacer ese esfuerzo. Y ese problema se mantiene en Chile y no ha logrado modificarse en forma importante en términos educacionales, porque seguimos teniendo un sistema segregado”, enfatiza Ávalos.

Y agrega: “Sabíamos eso hace tiempo, pero por alguna razón los distintos gobiernos no lograron cambiar lo que había hasta que llegó la crisis de 2006, con los pingüinos en la calle. Bachelet movió algo en ese momento, pero luego vino otro gobierno y no se avanzó. Luego, otra vez con Bachelet, se tomó la decisión de que sí se iba a hacer un cambio, porque había una postura política más clara sobre dónde estaban los puntos críticos”.

Es así cómo, reconociendo que las presiones ciudadanas posibilitaron que la aguja se moviera algo, “los problemas hoy se ven principalmente como estructurales: hay que transformar un sistema educativo donde el 60 por ciento de los niños y las niñas están asistiendo a colegios donde pagan, aunque no debieran pagar; y donde son seleccionados. El otro cambio importante fue que se decidió que había que reformular la educación pública, siendo algo a lo que nadie le prestó atención de manera seria en los veinte años posteriores al fin de la dictadura. Hubo planes de mejoramiento, pero no se podía modificar la estructura. Creo que ahora hay una sensación de que sí se puede transformar, o si no todo iba a ser peor”.

El obstáculo radica en que la población chilena, dice, “está acostumbrada a un sistema que funciona de tal manera que se cree que lo que se paga es lo bueno: ‘vamos a hacer el máximo esfuerzo para tener a nuestros hijos en el mejor colegio’. El problema es por qué no tenemos una educación buena pública o gratuita, y por qué dejamos que la educación que estábamos subvencionando cobrara extras. Ese cambio de mentalidad no es tan fácil. El concepto de sociedad meritocrática está ahí, pero sabemos que las oportunidades no son las mismas”.

Lo anterior tiene una condición de base que Ávalos se apresura a definir: “Claramente, la educación de mercado chilena ha sido la más extrema”. Extrema y no enfocada en las causas profundas, y es por eso, según explica, que “estas leyes que van apareciendo, como Admisión Justa, son voladores de luces, porque hemos ido instalando en la ley un sistema que debería ser más justo y aún no lo es. Hablamos de un sistema en que la educación particular subvencionada sea gratuita de verdad, que no seleccione y que lo mismo ocurra con la educación pública. Pero hay un tema complejo detrás: esto plantea tremendos desafíos a los docentes y a las escuelas”.

De ahí que la investigadora insista en que el gobierno debe esperar a ver cómo avanzan las leyes y no deconstruir: “Frente a una estructura que se cambió, lo esencial es hacerla funcionar ahora, no cambiarla ni echar abajo partes de una ley que nunca le gustó a la derecha”.

Estado responsable

Dada esta escala de los mapas, la consigna que debería primar, afirma Beatrice Ávalos, es la de avanzar para que en el aula —escolar, técnica y universitaria— exista diversidad étnica, de clase, de tipos de familia y de género; y eso implica reconsiderar qué se entiende por sociedad, país y Estado, porque la “responsabilidad que (éste) tiene hacia sus ciudadanos y ciudadanas es central, y para eso necesitamos descentralización y administraciones locales que representen a las comunidades”.

Ávalos valora que el movimiento feminista haya generado cambios y haya enriquecido el debate en torno a la diversidad y los derechos humanos, lo que se expresa en la urgencia de que la educación sea mixta y no sexista en Chile. Algo que, a la luz de la votación en el Instituto Nacional (IN), requiere de una discusión política y pública sobre clasismo, racismo y sexismo; un debate que permita entender por qué existe un miedo al Otro —hoy expresado por algunos apoderados del IN— que parece enquistado en la república, pero cuyo destierro, dice la investigadora, es posible.

“Como decía (el teórico de la educación) Paulo Freire, tenemos que trabajar para desarrollar una conciencia crítica, que no es automática ni resultado de una ley. Debemos idear otras maneras de pensar y enseñar; ver opciones distintas para ir deconstruyendo un sistema de rendición de cuentas expresado a través del Simce y otras evaluaciones; aunque lo increíble es que nos va bastante mal en las pruebas internacionales”, dice Beatrice Ávalos. Un sistema que —méritos más, méritos menos— aporta una buena cuota de violencia simbólica y material en la sociedad chilena.