Describir y comprender las prácticas de familias y escuelas, en el escenario de la implementación del nuevo proceso de admisión a los establecimientos educacionales con subvención estatal. Ese es el objetivo de un nuevo estudio del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) y del Departamento de Sociología de la U. de Chile, que analizará la elección de escuelas y la selección de alumnos en Chile en el marco de la Ley de Inclusión. El equipo de investigadores está compuesto por Mariana Contreras, Víctor Orellana, Fabián Guajardo, Manuel Canales, y Cristián Bellei, quien dirige el proyecto.

El estudio, que se realizará en cuatro regiones del país, mirará específicamente las valoraciones y expectativas de familias y directivos, las prácticas que asumirán las familias y las medidas de los colegios en el nuevo escenario, así como las dificultades y tensiones asociadas, considerando diversos escenarios socioeducativos. Esto ya que en la nueva política de admisión, no sólo se involucran  asuntos educacionales e institucionales, sino también aspectos socioculturales de enorme relevancia y complejidad que es preciso comprender.

El estudio es una extensión de uno anterior sobre las disposiciones culturales y prácticas de las familias en cuanto a la elección de escuelas, que fue llevado a cabo por el mismo equipo del CIAE y del Departamento de Sociología de la U. de Chile.

“La ley de Inclusión implica un cambio muy grande en términos del sistema de admisión. Es decir, reorganiza el sistema y abandona la forma actual de relación entre las familias y las escuelas. Hoy, el escenario de búsqueda de colegio por parte de los apoderados es un proceso intenso, y se da en un contexto de arbitrariedad e indefensión de las familias y los niños, respecto de la autoridad no controlada de las escuelas. Hay expectativas de que estos nuevos sistemas de admisión y la gratuidad tengan un efecto en la dinámicas de segregación escolar”, dice Bellei.

Pero agrega que el nuevo escenario propuesto también es un cambio grande respecto a la tradición de Chile, porque nunca ha habido un sistema centralizado y no discriminatorio, por lo que se justifica hacer un estudio: “si uno mira los discursos de los actores y cómo se formuló la política, se ve que hay una expectativa de que estos nuevos sistemas de admisión y la gratuidad de las escuelas podrían tener un efecto en las dinámicas de segregación de las escuelas”.

En esta entrevista, el investigador habla sobre los alcances de la nueva ley y sobre el proyecto de investigación que encabeza.

-En el estudio anterior, el equipo investigó la elección de escuelas por parte de las familias, ¿a qué conclusión llegó respecto de cómo la familia chilena elije escuela?

El hallazgo más importante es que en Chile los criterios sociales, es decir, la valoración de la composición social de las escuelas y las características socioculturales de los compañeros que sus hijos van a tener, es muy preponderante prácticamente para todos los grupos sociales. Aunque la forma en que esto se manifiesta varía, es siempre muy relevante.

-¿Qué cambios para el sistema educativo se podrían ver si la nueva política logra modificar la percepción respecto a la valoración del aspecto sociocultural en la elección de escuela?

Mirando muy a futuro, si esta política logra adhesión en las familias y las escuelas trabajando en la misma dirección, se puede esperar que tengan más relevancia los criterios educativos o bien, prácticos, como la distancia con el hogar.  Es importante que el Estado logre regular a los proveedores y profesionales de la educación, para que las reglas del juego sean educativas y estén menos orientadas por lógicas de mercado, que producen inequidad, discriminación y segregación.

-¿Qué cambios se pueden esperar respecto a las oportunidades educativas de los niños y niñas?

La ley tiene varios aspectos para mejorar las oportunidades de los niños y niñas y hacer un sistema más justo.  Al discriminar a menos familias y tener menos diferenciación de recursos, esperamos que las escuelas se empiecen a parecer y se comience a borrar el estigma de que a las escuelas públicas asisten familias despreocupadas o sin recursos. El aumento de recursos, y la disminución de la desigualdad y de las prácticas discriminatorias deberían derivar en una mayor igualdad de oportunidades.

-¿El cambio puede incidir en modificar la  hiper segregación del sistema escolar chileno?

La segregación debiese disminuir, pero hay inequidades que van a persistir: las escuelas particulares pagadas tienen toda la libertad para cobrar y los grupos muy segregados de los sectores altos van a seguir ahí. El escenario post ley de inclusión es bastante más equitativo en término de los recursos, se espera que sea menos discriminatorio y más integrado socialmente, pero no resuelve completamente el asunto, probablemente vamos a tener un 10% a 15% de los sectores más altos que van a tener un privilegio respecto del resto por mucho tiempo. Por eso es que también es importante lograr equidad en la educación superior.

-Superando la barrera económica que producía el copago en algunas familias,  y considerando la cultura escolar, ¿qué otro tipo de barreras o resistencias pueden aparecer?

Por nuestro estudio anterior y lo que hemos aprendido sobre la selección que realizan las escuelas, podemos anticipar algunas tensiones. En otros países con políticas de integración social o directamente desegregación, al haber mayor heterogeneidad social y académica en las escuelas de los sectores medios y medios bajos, han surgido formas de resistencia, algunas abiertas como que las familias manifiestan rechazo a la integración, u otras formas de evitación, como que algunas familias se pueden ir a vivir a otro lado o enviar a sus hijos a escuelas sin financiamiento del Estado para no tener ciertos compañeros. Por cierto, la segregación urbana va a seguir afectando a las escuelas. Pero también hay otras formas de resistencia más indirectas, como burlar la ley o emplear estrategias de difusión para evitar que algunas familias postulen a ciertas escuelas.

-¿Y ello es posible que suceda en Chile?

No sabemos precisamente lo que va a pasar en Chile. Tenemos los indicios de la ley SEP, donde hubo descontento de parte de algunas familias que pagaban al ver que se integraban alumnos de más baja condición económica; o del debate público que hubo en torno a la ley de Inclusión, que fue muy agresivo  sobre todo en ese mismo punto. Quizás esta reacción se puede expandir o no, porque haya sido simplemente de una minoría no representativa. Es lo que queremos monitorear en tiempo real con nuestro estudio, por ejemplo, observando el efecto en las postulaciones que hacen las familias. También sabemos que se pueden producir manifestaciones internas de segregación o agrupamiento de los estudiantes, en cursos más o menos avanzados según su desempeño.  Esto también va a depender de cómo se enfrenten los procesos de mixtura social en las escuelas. Podemos anticipar que no todas las comunidades escolares responderán de la misma forma.

-En el proyecto mencionan que los actores “interpretan” y “traducen” en sus prácticas las nuevas políticas educacionales, asumiendo diferentes posturas.  ¿Qué podríamos decir sobre las dificultades de este proceso de apropiación?

Es un eje importante del proyecto. Siempre las políticas educativas relevantes experimentan un proceso de apropiación por los actores, entonces la pregunta de este estudio es “cómo” serán esos procesos. Familias y escuelas tendrán que aprender a jugar con otras reglas y lo interesante será ver cómo se apropian de ellas y en qué sentido se direccionan. El sistema que hoy observamos es la consolidación de casi cuatro décadas de funcionar con las reglas de un mercado escolar bastante “salvaje” (probablemente el más radical del mundo). El cambio impulsado no es trivial, pero tampoco sucederá de la noche a la mañana y, en último término, nadie puede anticipar con certeza hacia donde nos conducirá. Nosotros vemos nuestro proyecto como parte de un gran aprendizaje social.