“Los parlamentarios deberían respaldar el diseño institucional que plantea el proyecto de nueva educación pública, que es muy superior a la actual municipalización”. Así se refiere el investigador del CIAE y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Cristián Bellei, al proyecto que traspasa los colegios públicos desde los municipios a los Servicios Locales de Educación y que esta semana se discute en el Senado.
Según Cristián Bellei, el proyecto de ley apunta a resolver los problemas institucionales que la educación pública escolar arrastra desde 1980, al crear esta red de servicios locales de educación, con elevado grado de autonomía y profesionalismo. “Se trata de la propuesta más sólida que el Congreso ha conocido para renovar la educación pública escolar”, explicó el investigador. Y agregó que dichos Servicios Locales constituyen un nivel intermedio, que, según la evidencia internacional, es clave para la gestión y calidad de la educación. “Chile pierde un enorme potencial de mejoramiento de la calidad y, por cierto, equidad al no contar con un nivel intermedio de estas características”, afirmó el experto.
El martes, el proyecto fue despachado desde la Comisión de Educación del Senado, tras un acuerdo entre el gobierno y Chile Vamos en el que se introdujeron indicaciones al proyecto y a sus artículos transitorios.
Entre otros temas, las indicaciones sustitutivas plantean que se alarga de 6 a 8 años el proceso de implementación del nuevo sistema; y que éste se inicia más lento, porque se reduce el número de Servicios Locales de Educación que parten en la primera etapa de implementación: sólo uno en 2018, cuatro en 2019 y 6 en 2020. Además, abren la puerta para que algunos municipios posterguen sin fecha conocida su entrada.
A juicio del experto del CIAE, esas indicaciones son preocupantes, ya que “expresan una falta de convicción de la creación del nuevo sistema y de la necesidad de desmunicipalizar pronto”.
“La ley ya era gradual y responsable en esto. Pero las indicaciones hacen que se enlentezca aún más la instalación del sistema y después de los tres años iniciales se hace pausa, poniendo en duda el proceso, al crear una comisión ad hoc para que revise el sistema y pueda modificar el plazo”, explica Bellei. Y agrega que “en la práctica se puede poner un plazo tan largo que al final, éste se hace irrelevante. La derecha ha amenazado con llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, como parte de un conjunto de estrategias de actores que no están convencidos de terminar con la municipalización, que ha sido un sistema tan deficiente para el país”.
Las indicaciones también crean un fondo adicional para la revitalización de la educación pública, lo cual es positivo, pero que se entrega tanto a las municipalidades, las corporaciones municipales o los Servicios Locales de Educación Pública. Y establecen la voluntariedad de los establecimientos municipales con mejor desempeño y que no pierdan matrícula de traspasarse al nuevo sistema.
Con ello, Bellei advierte que se creará una “disputa política permanente entre alcaldes que quieren mantener o recuperar la educación, generando una incertidumbre institucional sobre el sistema”, así como una “competencia absurda entre dos sistemas públicos por matrícula: los Servicios Locales de Educación y las municipalidades”. Con ello, agrega, el sistema partirá con incertidumbre y sin convicción y generando las condiciones para que no progrese.
“Algunos parlamentarios no han mostrado convicción sobre la necesidad de desmunicipalizar, cuando la historia de la educación pública se construyó sobre la base de un gran acuerdo, que incluyó a todos los sectores. Los parlamentarios deberían respaldar el diseño institucional que es muy superior a la actual municipalización”, dice el académico.