En los próximos días, el proyecto que crea la Nueva Educación Pública, conocido coloquialmente como proyecto de desmunicipalización, se enfrenta al segundo trámite en el Senado, pero con importantes indicaciones enviadas por el gobierno y parlamentarios.
El proyecto de ley propone el traspaso de las escuelas y liceos públicos, desde las municipalidades a los nuevos Servicios Locales de Educación, entidades de carácter intermedio que, con función única, tendrán por misión la gestión educacional, administrativa y técnico-pedagógica del conjunto de establecimientos bajo su administración.
Según el académico e investigador del CIAE, Cristián Bellei, el proyecto de ley apunta a resolver los problemas institucionales que la educación pública escolar arrastra desde 1980, al crear esta red de servicios locales de educación, con elevado grado de autonomía y profesionalismo. “Se trata de la propuesta más sólida que el Congreso ha conocido para renovar la educación pública escolar”, explicó el investigador. Y agregó que dichos Servicios Locales constituyen un nivel intermedio, que, según la evidencia internacional, es clave para la gestión y calidad de la educación. “Chile pierde un enorme potencial de mejoramiento de la calidad y, por cierto, equidad al no contar con un nivel intermedio de estas características”, afirmó.
Sin embargo, el académico mostró su preocupación por algunas de las nuevas indicaciones, que, a su juicio, “expresan una falta de convicción sobre la creación del nuevo sistema y la necesidad de desmunicipalizar pronto, produciendo una incertidumbre institucional potencialmente muy dañina para la educación pública”.
Entre otros temas, las indicaciones enviadas por el ejecutivo plantean que se alarga de 6 a 8 años el proceso de implementación del nuevo sistema; y que éste se inicia más lento, porque se reduce el número de Servicios Locales de Educación que parten en la primera etapa de implementación: sólo uno en 2018, cuatro en 2019 y 6 en 2020 (el proyecto original planteaba la creación de 6, 6, y 16 respectivamente).
Además, abren la puerta para que algunos municipios posterguen sin fecha conocida su entrada. Esto ya que, en una de las indicaciones se establece la voluntariedad en el traspaso de establecimientos y se fija la obligatoriedad para el traspaso sólo para aquellos municipios cuyos establecimientos educacionales tengan más de un 50% de sus establecimientos ordenados en la categoría de Desempeño Deficiente por la Agencia de la Calidad de Educación. Además, se propone la creación de un Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, que podrá revisar el calendario de la segunda etapa de implementación del proyecto. “Con esto se crea la posibilidad de que algunos municipios nunca entren al nuevo sistema y se pone en duda que este se llegue a completar dejando la puerta abierta para que existan permanentemente dos sistemas de educación pública”, dice Bellei.
Las indicaciones también crean un Fondo destinado a la innovación y fortalecimiento de la educación pública escolar y parvularia, lo cual, según Bellei, es muy positivo. Sin embargo, éste puede ser administrado no sólo por los nuevos Servicios Locales de Educación Pública, sino por los municipios y corporaciones municipales. “Con esto se desincentiva la entrada al nuevo sistema, al garantizar que los mismos recursos adicionales que eran para fortalecer el nuevo sistema se les darán también a los que se mantengan con la municipalización”, explica el académico.