También es ampliamente aceptado que para avanzar decididamente en estos propósitos se requiere invertir mayores recursos públicos en educación. En este contexto, incrementar los recursos financieros permanentes destinados a la educación por medio de una reforma tributaria, como ha propuesto el Gobierno, es una estrategia que compartimos plenamente. Sin embargo, en la propuesta de reforma tributaria que está en discusión en el Congreso Nacional, se permite que los contribuyentes con ingresos declarados de hasta $1,5 millones mensuales promedio puedan descontar de los impuestos que deben cancelar al estado cada año un gasto en educación (matrícula y mensualidad) de hasta $200.000 anuales por hijo. Esta rebaja de impuestos favorecerá especialmente a las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas subvencionadas no gratuitas, es decir, con financiamiento compartido. Por diferentes razones, estimamos que esto constituye un grave error.
Primero, porque tiene un carácter socialmente regresivo, al beneficiar a los contribuyentes que se encuentran entre el 5%-19% de más altos ingresos personales declarados. En efecto, el 81% de los contribuyentes no pagan impuesto alguno, pues sus ingresos mensuales promedio están por debajo de los $560.000. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, se trata de un aporte de recursos tributarios (es decir, de todos los chilenos) por más de 100 millones de dólares anuales, destinados a las familias de ingresos medio-alto del país. Nótese que el total de recursos adicionales provenientes de esta reforma tributaria para el conjunto del sistema pre-escolar, escolar y de educación superior será de 700 millones de dólares anuales a partir del año 2014.
Segundo, porque en lugar de fortalecer el financiamiento compartido éste debería tender a reducirse o eliminarse. El financiamiento compartido agrava la alta segregación social de la educación chilena, limita las posibilidades de elección de las familias (asociándolas a su capacidad de pago), y refuerza el carácter selectivo y excluyente de las comunidades escolares. A cambio, no ha demostrado tener efectos positivos relevantes en el mejoramiento de la calidad ni la equidad educativa, objetivos prioritarios de la política educacional.
Tercero, porque en la práctica significa un reforzamiento de la educación privada no gratuita, cuando el mecanismo fundamental por el cual el derecho a la educación obligatoria se ha podido expandir en el mundo ha sido mediante la educación gratuita, consagrada ampliamente en la legislación y las políticas. En definitiva, se trata de una iniciativa que no va en la dirección correcta. Afortunadamente, estamos a tiempo de evitar este error. Por ello, llamamos a los honorables miembros del Congreso Nacional a no aprobar este crédito tributario, y al Gobierno, a proponer en cambio políticas que inequívocamente avancen en hacer mejor, más justa y más integrada nuestra educación. Es lo que Chile necesita.
Esta declaración está firmada por los siguientes académicos vinculados a la investigación en educación:
Alejandra Mizala, Andrea Repetto, Cristián Cox, Juan Eduardo García-Huidobro, Patricio Felmer, José Joaquín Brunner, Dante Contreras, Gregory Elacqua, Patricio Meller, Mario Waissbluth, Ernesto San Martín, Fernando Atria, Cristián Bellei, Beatrice Avalos, Ernesto Treviño, Manuel Antonio Garretón, Juan Pablo Valenzuela, Gonzalo Muñoz, Alejandro Carrasco, Claudia Sanhueza, Carolina Flores, Xavier Vanni, Soledad Concha, Leonor Varas, Patricia Medrano, Enrique Fernández y Elisabeth Simbuerguer.