Las propuestas sobre educación y calidad en los programas presidenciales, casi ausentes en los debates públicos, van de mínimas hasta algo detalladas. Si bien destaca la intención de mejorar las oportunidades y contenidos de la educación inicial y la educación técnica, no sucede lo mismo respecto de la concreción, novedad y potencial eficacia de lo propuesto para el sistema regular.
El fuerte desafío para superar el carácter reduccionista del Sistema de Mejoramiento de la Calidad (Simce), y el efecto clasificador y estigmatizador de los establecimientos educacionales producido por la publicidad de sus resultados, sólo es recogido por los programas de Miranda y Enríquez-Ominami. Miranda propone derechamente eliminar el sistema, pero Enríquez-Ominami plantea un nuevo esquema de evaluación nacional. Bachelet recoge el guante, pero sólo mediante superar la definición. Los demás candidatos permanecen silenciosos sobre el tema.
Respecto de la formación inicial docente, Matthei y Bachelet concuerdan en mejorarla desde los extremos: atraer mejores candidatos (política existente) y declarar obligatoria y habilitante una prueba escrita de egreso. Sin embargo, al hacerlo, deslizan la noción equivocada de que el saber teórico basta para enseñar. Bachelet propone, además, mejorar la formación inicial mediante convenios de gestión. ¿Se parecerán a los actuales convenios de desempeño, que premian a las instituciones adeptas en traducir procesos y resultados a indicadores cuantitativos preestablecidos? Faltaron propuestas para mejorar los programas que no ganan los convenios de desempeño, pero que proveen de profesores a las escuelas en regiones remotas del país.
La formación continua docente se trata con los conceptos tradicionales y criticados de más cursos y capacitación para (Bachelet y Matthei). Enríquez-Ominami, en cambio, avanza al sugerir la creación de comunidades de aprendizaje con potencial de estimular el trabajo colaborativo entre docentes, sobre el que hay evidencia que mejora el desempeño docente y el aprendizaje de los alumnos.
Todos los programas reconocen que una condición sine qua non para incidir en la calidad de la educación son las condiciones laborales de los docentes. Se propone mejorar sus sueldos y establecer una carrera docente, pero sólo el programa de Matthei aventura una cifra para quien comienza a enseñar. Se formula, asimismo, mejorar la relación profesor-alumno, pero sólo el programa de Enríquez-Ominami indica avanzar hacia 25 alumnos por curso. Finalmente, la mayoría aumentaría la carga no lectiva de profesores para darles tiempo de preparar clases y corregir trabajos de sus alumnos/as, pero sin indicar la proporción en que esto se haría.
En síntesis, hay atisbos de mejoras que afectarían la calidad de la educación subvencionada en lo que respecta a condiciones de trabajo de los profesores, posibilidades de formación continua para atender mejor a poblaciones escolares de distintas capacidades y necesidades; pero hay otras preocupantes, como sugerir habilitación docente sin prueba de capacidad en el aula o, salvo un candidato, la ausencia de una respuesta concreta a los problemas que produce el Simce.