El anuncio del gobierno de comenzar con la gratuidad en 2016 para los alumnos que pertenezcan a los primeros 5 deciles socioeconómicos no sólo podría beneficiar a dichos estudiantes, sino a sus compañeros y a las instituciones en general. Es la opinión de la investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile (CIAE), Carolina Guzmán Valenzuela, quien se ha especializado en educación superior.
“La gratuidad puede tener beneficios, no sólo para quienes estudian gratuitamente, sino que es una oportunidad para que las universidades mejoren la calidad de su enseñanza impactando a todos los alumnos”, dice la investigadora, quien tiene un doctorado en Educación de la U. de Barcelona.
Esto ya que el mecanismo de gratuidad establece algunas condiciones tales como el financiamiento de la duración nominal de las carreras, es decir, en el caso que los alumnos se atrasen en sus estudios, perderán el beneficio. Para la investigadora del CIAE, la nueva medida conllevará que tanto los estudiantes beneficiados así como las instituciones de educación superior enfrenten el desafío de lograr una enseñanza de calidad para todos/as, previniendo la reprobación de asignaturas, la deserción y aumentando así las tasas de egreso. Una enseñanza de calidad inclusiva es aquellas que potencia el aprendizaje de todos los estudiantes y pone especial atención y esfuerzo en aquellos estudiantes más vulnerables, quienes suelen tener más dificultades para adaptarse en el sistema de educación superior, sobre todo durante los primeros años de carrera. Como resultado, muchos de estos estudiantes abandonan sus estudios.
Según datos del Sistema de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación, en promedio las carreras profesionales duran 12,8 semestres, con un 35% de sobreduración en promedio. Las carreras del área de Derecho son las de mayor duración real, con 17 semestres, lo que equivale a un 63% sobre la duración nominal. Además, tres de cada 10 alumnos abandonan los estudios en el primer año, según estadísticas del mismo SIES.
Por ello, Carolina Guzmán afirma que las universidades deberán hacer esfuerzos para que las tasas de retención mejoren y la duración de las carreras se ajuste al valor nominal, lo que impactará positivamente en todo el sistema. Resulta clave aquí, según su opinión, el rol de los académicos docentes y la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los académicos tendrán que hacer esfuerzos para lograr que todos sus estudiantes aprendan por lo que tendrán que poner en marcha nuevas metodologías de enseñanza y de evaluación del aprendizaje. Y lo anterior debe realizarse con apoyo institucional, lo que significa que las instituciones de educación superior tendrán que invertir más y mejores recursos en capacitar a sus académicos para potenciar una buena enseñanza.
La investigadora valoró el hecho de que los recursos a la gratuidad sean fondos que se transferirán a la institución y no funcionarán como una beca o voucher individual. También valora que el beneficio esté centrado en la formación de pregrado. “Aquí será importante que las instituciones de educación superior rindan cuentas acerca de la calidad de la formación de pregrado y la acreditación institucional, en su dimensión pedagógica, será clave’’, explicó.
Sin embargo, añadió que hace falta un trato especial a las universidades públicas, que no está reflejado en la nueva reforma propuesta. ‘’Desde hace décadas que las universidades estatales en Chile reciben tan escaso financiamiento del estado que se hace difícil llamarlas ‘universidades estatales’. Se hace necesaria una política que permita aportes basales mayores (de al menos un 60% del presupuesto total) que acerquen a Chile al financiamiento de instituciones de educación superior de países de la OECD. No hay trato preferente a las universidades estatales, un trato directo sería, por ejemplo, que el aporte fiscal directo a esos planteles aumentara considerablemente y sin condicionamiento”, afirmó.