El nuevo sistema de admisión para los estudiantes a la educación con financiamiento público se encuentra en pleno desarrollo en otras cuatro regiones del país, pues se inició en Magallanes durante 2016. La propuesta de un sistema centralizado en su asignación, pero descentralizado respecto a los lugares de postulación, está demostrando que no es necesario hacer tómbolas en los colegios ni largas filas de madrugada para tener igualdad de condiciones para acceder a los colegios que reciben financiamiento público. Por otra parte, permite que se avance con el principio de que sean las familias las que escogen el colegio para sus hijos y no al contrario, asegurando un preciado derecho para nuestra sociedad. Aunque debemos seguir aprendiendo respecto de esta iniciativa,- lo cual justifica que su implementación sea gradual en el tiempo-, existe evidencia comparada de su validez, pues desde hace años se aplican metodologías similares en diversos sistemas escolares, como Finlandia, Holanda o las ciudades de Boston y Nueva York.
Los aprendizajes y desafíos del nuevo sistema no solo deben vincularse con la implementación del nuevo sistema, sino que, más aún, con parte de sus efectos. Dada la enorme inversión en infraestructura escolar privada durante los últimos años, las preferencias de las familias pueden generar un conjunto de colegios con muy baja matrícula, imposibilitando su sustentabilidad financiera –lo cual podría no notarse en el primer año de implementación del nuevo sistema, puesto que se postula a la matrícula de algunos grados, pero sí luego de repetir la metodología por algún periodo-.
Por otra parte, la mayor diversidad de los estudiantes que ingresen a muchos colegios conlleva la tarea de apoyar a los equipos directivos y docentes en los desafíos pedagógicos que ello implica. De lo contrario, podría incrementarse la inequidad en las oportunidades educacionales al interior de los colegios. Ello, porque podrían aumentar las tasas de repitencia y abandono escolar de los niños más vulnerables y también podrían hacerse aún más frecuentes los procesos de ordenamiento académico al interior de los colegios, especialmente de enseñanza media. Es indispensable que el Estado anticipe estos efectos, y planifique y desarrolle estrategias y políticas para abordarlos adecuadamente, de tal forma que la mayor libertad de elección vaya acompañada por una mayor calidad y equidad de la educación para todos los niños y niñas del país.