A fines de marzo se dio a conocer una propuesta base, emanada de una de las subcomisiones de trabajo de la Comisión Experta, respecto a cómo regular el derecho a la educación en la nueva Constitución. La citada iniciativa es un texto preliminar, sujeto a modificaciones sustantivas tanto por parte de la Comisión designada como del Consejo Constitucional electo, que entiende el derecho a la educación en el marco de “un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales” e intenta equilibrarlo con la “libertad de enseñanza”. Desafortunadamente, una primera lectura de la propuesta permite constatar que ésta no innova sustancialmente en el contenido del derecho a la educación, ni en sus propósitos, y modifica solo marginalmente el marco regulatorio actual, es decir, el de la Constitución del 80, situado en las antípodas de un estado social de derechos.
Hemos sido observadores y participantes activos de esta reflexión en los últimos años y creemos que esta nueva oportunidad para introducir cambios significativos en la educación no debe desperdiciarse. Para contribuir a este diálogo, hemos elaborado una alternativa de norma que toma en cuenta el intenso debate constitucional que ha habido en Chile por al menos una década, así como los avances en la discusión de política educacional. De esos procesos identificamos varias lecciones, como por ejemplo, que es clave en Chile fortalecer la educación pública y el rol del Estado para hacerle responsable de garantizar universalmente el derecho a una buena educación; entender que la calidad en educación es mucho más que los resultados en un test donde medimos conocimiento y por lo tanto debemos asegurar una aproximación acorde a la sociedad compleja del siglo 21. Por último, para garantizar este derecho, debemos asegurar el fin del lucro y la discriminación, lo que implica promover una libertad de enseñanza con fines educativos y no comerciales, y un sistema inclusivo y justo, dando así rango constitucional a los avances producidos por la Ley de Inclusión.
La norma que proponemos amplía sustantivamente la garantía del derecho a la educación en relación a la Constitución del 80; reconoce una definición de calidad integral de este derecho (es decir que apunta al desarrollo humano integral: cognitivo, emocional, relacional, artístico, cultural y físico, tanto individual como social); propone extenderlo a las distintas etapas de la vida (lo que debería traducirse, por ejemplo, en una oferta pertinente para los adultos que quieren seguir preparándose) y establece con claridad las responsabilidades del Estado respecto a su aseguramiento y garantía. En relación a esto último, proponemos crear un sistema nacional de educación y planteamos la obligación expresa de promover tanto el acceso universal como la calidad de la educación que se provee respetando al mismo tiempo la libertad de enseñanza, lo que incluye la participación de instituciones públicas y privadas.
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