¿Existe el lucro en otros países? ¿Cómo operan las escuelas privadas y qué apoyo reciben del Estado? ¿Son todas las escuelas privadas financiadas por el Estado gratuitas o cobran a los padres?

Un informe, elaborado por los investigadores del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile (CIAE), Cristián Bellei y Carolina Trivelli, indagó en los ejemplos de siete casos nacionales de apoyo público a escuelas privadas, como Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Colombia, Suecia, Inglaterra y Canadá.

El documento, titulado Apoyo público a escuelas privadas. Casos nacionales y lecciones para Chile, elaborado a solicitud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), revisa esos casos internacionales para extraer algunas ideas fuerzas para contribuir al debate en Chile.

El informe detalla, por ejemplo, que en todos los casos analizados, las escuelas no pueden cobrar a los alumnos ni discriminar y no se permite el lucro, salvo en Suecia donde las escuelas con fines de lucro han ido aumentando y son mayoría entre el sector subvencionado privado. Sin embargo, tampoco esas escuelas pueden cobrar a las familias ni seleccionar alumnos: es la autoridad local la que asigna a los estudiantes a las escuelas según su zona de residencia. En ese país, donde las escuelas privadas se financian con  vouchers, dichos establecimientosdeben acoger muchas, pero no todas, las reglas de las escuelas públicas.

Según los autores, los casos de Holanda y Bélgica representan sistemas consolidados de educación privada, allí las escuelas privadas operan como parte del sistema de educación pública, siguiendo prácticamente todas sus reglas. Por ejemplo, en Holanda existe un sistema educacional de libre elección escolar consolidado: las escuelas privadas financiadas por el estado, gratuitas, compiten por las preferencias de los padres, pero no pueden instalarse sin demostrar que tienen un tamaño mínimo de alumnos, para evitar la ineficiencia de una sobreoferta escolar.

En Bélgica, las escuelas privadas reciben también financiamiento igual a las públicas, según cantidad/asistencia de alumnos. El estado financia costos operacionales, equipamiento y apoya la infraestructura, también los docentes, pero estos últimos recursos son administrados por la autoridad pública.

En Estados Unidos, Canadá y Colombia, los investigadores estudiaron los casos de escuelas chárter o concesiones (como se les llama en Colombia): escuelas con financiamiento público gestionadas por un privado que firma una especie de contrato con la autoridad para dicha gestión. El caso inglés (donde se seleccionó el programa de creación de academias) revela el intento de creación de un híbrido público/privado orientado, inicialmente, a introducir una innovación curricular en el sistema, pero luego expandido como un nuevo modo alternativo de gestión de escuelas financiadas públicamente.

“Se podría decir que los casos belga y holandés más que privatización son una socialización de escuelas privadas, por cuanto en la práctica operan sujetándose no sólo a las reglas públicas esenciales, sino que las autoridades públicas ostentan amplios poderes sobre el uso de los recursos (especialmente docentes), lo que disminuye severamente el margen de libertad de los proveedores”, afirman los autores.

Añaden que la filosofía en dichos países no es la competencia de mercado generalmente asociada a las políticas de privatización recientes, sino la garantía de la libertad de enseñanza y el pluralismo.

Finalmente, los autores hacen una serie de recomendaciones para Chile, basados en esta evidencia internacional.