Un destacado grupo de expertos, compuesto por académicos, representantes del Colegio de profesores y alcaldes de la asociación de municipalidades, fueron invitados a participar de una sesión de la Comisión de Educación del Senado, el pasado 22 de agosto.

El objetivo: discutir sobre el lucro en la educación, específicamente, sobre el Proyecto de ley que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación.

Durante la sesión, Cristián Bellei, académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación, presentó evidencia científica, como un intento de evaluar esta política de financiamiento sobre la base de “evidencia directa e indirecta” que existe y se ha acumulado sobre ella, y que sintetizó en tres criterios: su aporte a la calidad, equidad y diversidad.

Según Bellei, “El generoso trato financiero que el estado chileno ha dado a los establecimientos escolares privados con fines de lucro ha sido una política consistente con aquella versión extrema de libre mercado escolar (que está presente en Chile) y que no tiene par en el mundo”, afirmó.

En cuanto a la calidad y efectividad de los establecimientos públicos y privados subvencionados, con y sin fines de lucro, el académico aseguró que, a pesar de que existe un amplio conjunto de investigaciones, basadas en los puntajes obtenidos por los alumnos en test estandarizados (como el SIMCE), “la calidad de la educación es mucho más que los aprendizajes de los alumnos medidos por estas pruebas”.

El académico destacó la dificultad que existe en comparar a los establecimientos privados de los públicos, atendiendo a las diferencias que existen en los propios alumnos que asisten a los diferentes tipos de establecimientos. Sin embargo, y aun considerando criterios de evaluación que beneficiarían a los privados de los públicos, como los mecanismos de selección y el financiamiento compartido, los estudios han demostrado que en promedio los establecimientos privados subvencionados no superan a los públicos en cuanto al logro de los aprendizajes de los alumnos, ni existen “estudios sistemáticos para comparar otros aspectos de la educación que pudieran dar una ventaja sistemática a las escuelas con fines de lucro por sobre el resto”.

Respecto a la equidad y cohesión social, durante su ponencia, Cristián Bellei explicó cómo el sistema educacional actual ha generado una mayor segregación en la población escolar y cómo esto se vincula con el tema en discusión: “la segregación es mayor mientras más presencia de establecimientos privados y de financiamiento compartido hay en la comuna”.

Finalmente, la diversidad de ofertas educacionales y la posibilidad de ampliar la libertad de elección de las familias, es otro criterio que Bellei considera para evaluar la política de subsidios del estado a escuelas privadas con fines de lucro, aún cuando en la literatura internacional y en la experiencia comparada estos criterios son “comparativamente pocos valorados y en muchos sentidos controversiales”.

Según el investigador, se reconoce que a mayor cantidad de ofertas, menor sentido de cohesión y unidad y, a su vez, “un excesivo énfasis en la libertad de elección de los padres tiende a segregar y hacer más inequitativos y menos meritocráticos los sistemas escolares”.

No obstante, en Chile, la libertad de elección de los padres –afirma el académico- se ha visto severamente restringida al interior del sistema educacional, principalmente por tres herramientas: la existencia del financiamiento compartido, el uso masivo de selección para la admisión de los alumnos y el uso masivo de mecanismos de expulsión de estudiantes.

Luego de su evaluación, el investigador Cristián Bellei reflexionó sobre la plausibilidad de esta política para lograr los tres propósitos o criterios anteriormente analizados, enunciando el tipo de regulaciones y políticas que el estado debiera poner en práctica para con los establecimientos con fines de lucro aspiren a ser subvencionados, y la necesidad de establecer –en caso de ser aprobado este proyecto de ley- políticas educacionales sobre “qué hacer, tanto en términos de la relación del estado con instituciones privadas subvencionadas, como –sobre todo- con sus propios establecimientos”.