Las reformas en educación recientemente aprobadas, como la ley de inclusión, la eliminación del copago y la nueva ley de educación pública, colocaron en el centro del sistema educacional a la educación pública, otorgándole un trato distinto a esas escuelas; y establecieron una nueva relación del Estado con los proveedores privados de educación, al eliminar las dinámicas más perversas del mercado, como el afán de lucro y la discriminación vía copago.

Así lo planteó el investigador del CIAE de la U. de Chile, Cristián Bellei, quien expuso ante la Cámara de Diputados sobre la ley miscelánea en educación, actualmente en trámite en el Congreso, y que el gobierno modificó vía indicaciones.

En la ocasión, el sociólogo del CIAE y de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile se refirió puntualmente a la posibilidad de cerrar escuelas con bajos resultados en el Simce, a la vez que abordó el impacto que la reforma educacional puede tener y sus desafíos para el país.

Bellei inició su exposición con una mirada más amplia en el mediano plazo, señalando que las reformas en educación actualmente en marcha significaron una nueva mirada a la vía implementada desde los años 80 en el sistema escolar chileno, que ponía toda la confianza en el mercado, e incluso suponen un punto de inflexión a la solución implementada después de la revolución estudiantil de 2006, tras lo cual se construyeron instituciones de mayor regulación, complementadas con un sistema de aseguramiento de calidad para las escuelas. “Esto último con la idea de que no bastaba con confiar plenamente en el mercado, sino que había que tener identificación de metas, estándares de aprendizaje, plazos, sistemas de evaluación y consecuencias negativas. Lo más relevante fue la idea de que en último término se podía cerrar escuelas”, dijo Bellei.

En ese sentido, el sociólogo explicó que el país debe analizar “si quiere continuar el camino de las reformas de Bachelet 2 o si quiere retrotraerse al estado anterior” y añadió que debería optar por lo primero.

Explicó entonces que hay avanzar hacia el próximo paso: “lo que le falta a la reforma es la generación de capacidades para que las escuelas mejores. Es decir, tenemos los instrumentos, la institucionalidad, nuevas reglas del juego, una nueva relación del Estado con los proveedores privados y ahora necesitamos generar las capacidades para que las escuelas, los administradores de la educación sean capaces de estar a la altura de lo que el país espera de ellos”.

¿Cómo se logra esto? “En el caso del sistema público, se logra apurando la desmunicipalización e instalando las capacidades profesionales superiores al sistema anterior que significan los Servicios Locales de Educación”, dijo. En el caso del sistema privado, planteó que hay que sacarle partido a la relación, no de competencia, sino de cooperación entre las escuelas y colocar menos expectativas en las consultorías y pruebas estandarizadas y más confianza en los actores del sistema, como los profesores y sus directivos. “Instalar más capacidades de observación sustantivas sobre las escuelas. Y mirar un horizonte de trabajo en red con el sector privado, sin copago, sin discriminación. Este sistema privado requiere un par de ajustes para convertirse en cooperador de la función educativa del Estado, como sucede en los mejores sistemas del mundo. Eso supone cambiar el voucher y que los privados no puedan abrir escuelas indiscriminadamente”, añadió.

En ese sentido, explicó que la posibilidad de cerrar escuelas tras permanecer 4 años en la categoría de más bajo desempeño, establecida en la Ley de Aseguramiento de la Calidad, atenta contra esa mirada. “El mecanismo establecido es casi burdo: después de 4 años de malos resultados, se determina el cierre automáticamente. En otras palabras, hay una ecuación, que los expertos inventaron, que determina la pena de muerte en Chile. También podríamos tener ecuaciones sobre la criminalidad y uno podría hacer estimaciones sobre la culpabilidad de las personas”, dijo.

Sobre el punto, explicó que no es posible evaluar complejamente ni la calidad ni la efectividad de las escuelas. En el caso de la calidad, el sistema chileno intentó aumentar la evidencia añadiendo más indicadores, como el clima escolar, pero éstos “son solo un atisbo que no resuelve la calidad de la educación”, precisó. Para estimar la efectividad,  “habría que aumentar la calidad de evidencia de tal modo que el sistema se vuelve inmanejable. Son tantos los sesgos que existen que es imposible estimar la ‘responsabilidad’ de las escuelas en el aprendizaje observado de los estudiantes”, dijo.

Al respecto, entregó alguna evidencia de los hallazgos internacionales y locales en mejoramiento escolar: “Lo que sabemos es que las escuelas que salen de la condición crítica no lo hacen bajo la amenaza de cierre. Al revés, escuelas en esas condiciones tienden a entrar en condiciones de deterioro. Y cuando hay procesos de mejora después de las crisis, los plazos, sólo para los casos exitosos, que corresponden a menos del 1% de las escuelas, son 3 a 5 años para comenzar recién a pararse después de la reestructuración”.

Añadió que la evidencia muestra que los procesos completos de mejoramiento toman, por lo general, una década, no son lineales, tienen mesetas y retrocesos, suelen involucrar sólo algunos aspectos y que, antes de mejorar el Simce, muchas de estas escuelas han mejorado otros aspectos como la disciplina, la motivación y la convivencia escolar. Además, la evidencia señala que cuando se trabaja para mejorar focalizadamente en los test, el mejoramiento no es sostenible: “cuando se apagan los focos y se van los consultores, no queda nada”, explicó Bellei.

Finalmente, el investigador explicó cómo abordaría el crónico mal desempeño de las escuelas: “Jamás identificarlas mediante un computador y un software desde la Alameda, todos los procesos complejos requieren una observación experta”. Añadió que en el sistema público, el Servicio Local de Educación debería hacerse responsable no de cerrar la escuela sino de mejorarla; y que en el caso privado, se podría instalar la figura del interventor para mejorar procesos. “Mejorar las escuelas de bajo desempeño es un desafío país, no se va a resolver si los niños se trasladan de escuelas. Necesitamos generar capacidades profesionales para trabajar en condiciones difíciles”, dijo.