“El sistema escolar chileno tiene una pieza faltante: un nivel intermedio entre el Estado y las escuelas, con capacidades profesionales, de conducción y asesoría, que facilite la transición desde las políticas educativas hasta el aula”, dijo el experto del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile (CIAE), Cristián Bellei, en su exposición en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de fortalecimiento de la educación pública.
El investigador fue uno de los invitados a la sesión del lunes 16 de noviembre, junto a los Premios Nacionales de Educación, Ernesto Schiefelbein y Mario Leyton.
En la ocasión, Bellei explicó que al compararse con otros sistemas educacionales, el sistema público chileno ha adolecido históricamente de esa instancia intermedia. “Las escuelas particulares subvencionadas tampoco cumplen esa función y una deficiencia es su extrema atomización, es decir, el hecho de que la mayoría esté en manos de un sostenedor”, explicó Bellei. Añadió que algunos colegios particulares subvencionados están en redes, y éstas son las que cumplen ese rol articulador entre el gobierno central y la escuela misma.
En el mismo sentido, el académico explicó que el proyecto que fortalece la educación pública tiene la virtud de crear esa instancia. “El proyecto no sólo completa la agenda de cambios en la educación iniciada en 2006, al regular los mecanismos de elección, prohibir el lucro y eliminar el financiamiento compartido, sino que crea la pieza que históricamente faltaba en esa arquitectura”, indicó Bellei.
El académico del CIAE, quien es doctorado en Educación de la U. de Harvard y profesor de Sociología de la U. de Chile, revisó los principales lineamientos del proyecto y los comparó con lo propuesto por el Consejo Asesor de 2006, “la instancia más amplia de diagnóstico de la educación chilena” y que analizó las debilidades del sector público, añadiendo que “resuelve casi todas las debilidades” detectadas en aquella ocasión.
Por ejemplo, explicó que actualmente la educación municipal está en manos de equipos no especializados, los que además enfrentan debilidad financiera y dependen extremadamente de los alcaldes, que imprimen o quitan prioridad y dinamismo al sector. “Este proyecto resuelve eso porque entrega financiamiento directo y anuncia una alta tasa de profesionalización. La nueva institucionalidad tiene una misión y un sentido de existencia exclusivos en la educación y un director del servicio local cuyo cargo depende de que lo haga bien en educación”, dijo.
También dijo que la iniciativa delimita las responsabilidades nacionales y locales. “Este proyecto se maneja entre el delgado filo de tensiones: se crea un entramado que es responsable ante el país de la calidad de la educación pública, pero no vuelve a la centralización, sino que lo descentraliza a un nivel intermedio y razonable, con una razonable distancia de las escuelas”, agregó.
Sin embargo, agregó que el proyecto tiene algunos aspectos que mejorar, como la excesiva centralización con la que se decide la creación de nuevos establecimientos y la fijación de las plantas de las escuelas. En ese sentido, dijo que es deseable que los servicios locales sean autónomos para crear y expandir escuelas, incluso con otras fuentes de ingreso como fondos regionales y donaciones. Y que asimismo tener autonomía para fijar las plantas de profesores y funcionarios de las escuelas.
Por último, dijo que no es recomendable revisar el sistema de financiamiento de subsidio portable sólo para el sector público, porque se puede generar un desequilibrio en el sistema que termine afectándolo: habrá un sector público que no se preocupa de captar alumnos y un sector privado que se juega todo el financiamiento en ello. “Sería bueno terminar con un estudio técnico para modificarlo pero para todo el sistema”, explicó.