Un fuerte llamado a reformular el sistema de financiamiento imperante en el sistema escolar, abordando una reforma que asegure educación universal y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes del país, se realizó durante el seminario “Financiamiento de la Educación en Chile: ¿quién debe pagar?”, que tuvo lugar el 10 de octubre y que fue organizado por el CIAE, el CEPPE y la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, y en el que participaron los académicos y economistas Ricardo Paredes (UC), Dante Contreras (U. de Chile) y Marco Kremerman (Fundación Sol). Al momento de definir las estrategias, prioridades y fuentes de financiamiento, en cambio, surgieron diferencias entre los académicos.

Ricardo Paredes, de la Escuela de Ingeniería de la PUC, explicó en su intervención que en la educación existe un problema económico, que consiste en cómo la sociedad decide qué necesidades satisfacer a costa de otras.  “La educación no es siempre  la 1ª prioridad, sino que su consideración como derecho depende de los recursos disponibles y del consenso social.
Por ejemplo, la educación básica (acceso a leer, escribir y operaciones matemáticas básicas) es un derecho, así como  también es crecientemente prioritaria la  educación preescolar, por su efecto en la estimulación del desarrollo potencial.  Sin embargo, la educación superior es menos prioritaria en sociedades modernas, precisó.

Respecto a la diferencia entre educación universitaria y otros bienes prioritarios respecto de “acceso” y “financiamiento”, Paredes explicó que si se tratara de medicamentos, las  limitaciones al acceso necesariamente requieren subsidio y eventualmente gratuidad.

-La educación tiene la característica de aumentar la capacidad de generar ingresos.  Puede darse financiamiento a quien de otra forma no accedería, a cambio que pague a futuro, cuando pueda.  Sin embargo, la relación con la equidad no es clara si no se hace referencia al momento –indicó.

Considerando que el Estado debe apoyar ya sea dando créditos, tomado en cuenta el riesgo (pagados cuando se generen los resultados), o cobrando impuestos a los graduados, lo que sí resulta claro es que el concepto de “Educación gratuita” no existe en realidad, ya que al tratarse de una inversión, indefectiblemente alguien debe terminar pagándola, ya sea en el presente o en el futuro, precisó el economista.

-Por ello, la Comisión de Financiamiento Universitario recomendó la implementación de créditos con contingencia al ingreso (CCI) por ser más práctica la formulación y cobro.  Dado el creciente número de países que lo utilizan.

“La educación siempre la pagará alguien, y la comparación es si será el beneficiario o no el beneficiario, sino el Estado.  Pero hay que recordar que el Estado no produce dinero, sólo lo recolecta” advirtió.
Por ello, hay consenso entre economistas que el dilema fundamental no es de gratuidad, sino que si quienes pagan son beneficiarios o no beneficiarios.  También hay consenso en que la gratuidad de la Educación Superior a los más ricos es regresiva, y que el crédito con pagos contingentes al ingreso o impuestos, son conceptualmente equivalentes, afirmó.

La discusión relevante es de implementación: ¿qué mecanismo cumple mejor con el propósito que los beneficiarios paguen y que sea progresivo?  La conclusión de la Comisión de Financiamiento es que, en la línea de los avances internacionales, el CCI es el instrumento más adecuado, finalizó.

Dante Contreras y Marco Kremerman

El economista de la Universidad de Chile Dante Contreras señaló que Chile es “como una olla a presión con tres válvulas cerradas que provocan que el sistema esté a punto de reventar”, y que existen tres ejes que deben ser resueltos  cuanto antes: desigualdad, movilidad social y educación.

-Es extremadamente violento.  El ingreso promedio en el mundo laboral está relacionado con la educación de los padres.  En Chile, la cuna importa muchísimo.  Hay algo que está sucediendo y que no está permite aplacar esto.  La educación no está haciendo su pega, o lo está haciendo muy mal.  Los 250 mil pesos se alcanzan recién en el percentil 80, este país es súper pobre –sentenció.

Según explicó, al combinar inmovilidad social y desigualdad, Chile se ubica entre los peores países de la OCDE.  Recordó un estudio sobre inmovilidad de la elite en Chile, que denuncia que a posibilidad de permanecer en esa condición es de un 56% a lo largo de la vida de un sujeto.  “Mi situación actual condena a mis hijos.  Si las válvulas están cerradas, la situación es muy compleja” advirtió.

Contreras afirmó que en educación el diseño sí importa.  “En los ´90, se implementó una subvención independiente del nivel socio económico, y además se permitió el lucro en el sistema universitario.  Es decir, el modelo educacional se construyó según la misma línea del modelo económico” sostuvo.

El economista condenó que a pesar de que nacemos iguales en talla, peso y características biológicas, las brechas crecen en el tiempo.  “Las diferencias que se observan en el SIMCE de 4° básico se mantienen y proyectan toda la vida, en nivel de salarios y otros indicadores.  Y eso no debería ser” denunció.

Contreras finalizó explicando que Chile debe emprender una “reforma con ambición” que remodele por igual todos los ciclos educacionales (pre escolar, escolar y terciaria) y que aumente la regulación del sistema, con el objetivo de cerrar la brecha que distancia a nuestro país de los pares de la OECD.  “Costaría unos 5.500 Millones de dólares” estimó.

Marco Kremerman, economista de Fundación Sol, expuso a su turno que las bases del sistema educacional actual deben rastrearse en la dictadura de Pinochet, que garantizó al más alto nivel, como derechos fundamentales, la iniciativa privada empresarial y el derecho a y de propiedad privada como bases del nuevo Modelo Educativo.

A la base del sistema educacional chileno, precisó el economista, existen desajustes conceptuales y éticos, tales como supeditar el derecho a la educación (universal y de igual calidad para todos) por debajo de la libertad de enseñanza, a través de una filosofía que desprecia la Educación Pública y sin calcular cuánto era el costo de una educación con altos estándares, con el valor de la Subvención fijado de manera arbitraria.

Kremerman agregó que la educación chilena se municipalizó  entregando subsidios a escuelas particulares (y luego incluso financiando su infraestructura), “permitiéndoles seleccionar, lucrar y posteriormente cobrar aranceles (FICOM, 1993) y haciendo competir a escuelas municipales y particulares subvencionadas por recursos limitados, bajo la lógica del “chorreo” de la calidad”.

-Los recursos públicos destinados a educación disminuyen un 28,2% en términos reales entre 1982 y 1990, mientras el gasto público total sólo cae un 9%. El sistema educacional sufre un golpe tres veces más profundo que lo que sucede con el gasto público. Como consecuencia, el monto de la subvención en términos reales también sufre una caída considerable de 24,5% para el mismo período (…)  SE comenzaron a producir déficits presupuestarios en los municipios.

Desde entonces, sostuvo Kremerman, el funcionamiento del sistema emerge como criterio central y superior, en detrimento del derecho a la educación de calidad para todos y todas.

-Las graves consecuencias de esta política son por todos conocidas: se redujo ostensiblemente la matrícula pública, comunas y familias endeudadas, comunas más ricas pueden destinar más recursos a sus Escuelas, altos niveles de segregación escolar y escasos avances en “Calidad” (Definición difusa y en disputa), con territorios sin planificación y sólo expuestos a incentivos de mercado.