“La reforma lejos de inhibir la libre elección escolar de las familias, la fortalece, al remover barreras económicas y prácticas discriminatorias que les impedían (a las familias) acceder a ciertas escuelas financiadas por el Estado”. Esa es una de las conclusiones de un artículo escrito por el investigador asociado del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Cristián Bellei, publicado en el último número de la Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, que agrupa a académicos y profesionales del área de España, Portugal y América Latina.

El artículo analiza la reforma escolar implementada por el gobierno, los argumentos planteados por sus detractores y los desafíos que tiene por delante. Comienza señalando que la actual reforma educacional es parte de un programa de transformaciones más ambicioso, que incluye una reforma tributaria y una nueva Constitución Política. La lógica, dice, es abandonar la idea de un Estado subsidiario y reemplazarlo por uno que activamente garantiza y provee derechos sociales universales. En el campo educacional, agrega, esto implica un giro relevante respecto de la trayectoria de políticas de las décadas anteriores y supone modificar las reglas del juego y la naturaleza de los actores, excluyendo a quienes se orientan por el interés de lucrar y aumentando la relevancia de los proveedores públicos. “La reforma busca, en último término, modificar la naturaleza de los actores en juego, excluyendo a quienes se orientan por el interés de lucrar y aumentando la relevancia de los proveedores públicos. Se trata en último término de una lucha por el control del campo educacional”, dice el autor.

Pero advierte que el caso chileno muestra que la privatización hecha con lógica de libre mercado tiene el potencial de desmantelar al Estado y que el camino de regreso es cuesta arriba.

El artículo analiza los argumentos planteados por los opositores a la reforma, señalando que “más que ciudadanos ejerciendo el derecho a la educación ante instituciones públicas, los críticos observan consumidores negociando un contrato de servicios entre agentes privados”. Ello implica, para éstos últimos, anteponer los intereses de los proveedores privados y dar mayor relevancia a la libertad de elección de las familias, supeditando el derecho a la educación de los niños.

Así, la reforma se ha enfrentado a resistencias que vienen de dos vertientes: la dificultad práctica y la oposición ideológica. En la primera, señala Bellei, los argumentos han sido pragmáticos. Por ejemplo, en el caso del lucro se arguyó que los proveedores con fines de lucro controlan una proporción demasiado extendida del sistema educacional como para suprimirlos y que el Estado depende de esas escuelas para garantizar el derecho a la educación. Así, “el estado chileno aparece debilitado ante el poder y la autonomía de un sector privado de provisión educacional que –irónicamente– ha sido fundamentalmente financiado por el propio estado”.

La oposición ideológica pone énfasis en el interés privado en juego, considera a las escuelas privadas de elite como su referente y busca que todas las escuelas financiadas por el Estado (incluyendo las públicas) se asimilen a ellas. Estos argumentos fueron centrales para defender el cobro a las familias y las prácticas de selección de alumnos, y han sido la base para no dar una prioridad a la educación pública. Para Bellei esto “muestra que en un sistema orientado por el mercado, el interés público prácticamente no tiene cabida y el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad deja de ser el interés superior en juego”.

“¿Estamos realmente frente a una reforma ‘desmercantilizadora’?”, se pregunta el autor. Considera que sí, pero menos radical de lo que la resistencia conservadora ha argumentado. “Sería como un mercado con derechos del consumidor mejor resguardados”, opina.

La reforma remueve barreras económicas y prácticas discriminatorias que les impedían a los padres acceder a ciertas escuelas financiadas por el Estado. Por otro lado, las escuelas continuarán compitiendo por atraer las preferencias de los padres, al ser financiadas por un subsidio a la demanda. Más aún, el mecanismo del voucher será fortalecido al aumentar su valor general y para algunas poblaciones en particular: se creó una “subvención de gratuidad” que en la práctica eleva la subvención por alumno, pero solo para las escuelas que no cobran a las familias; y se creó una subvención adicional para alumnos de familias “de ingresos medios” (el sector que más asiste a escuelas con copago), que también exige a las escuelas ser gratuitas para acceder a ellas. En el caso del copago, se estableció que el Estado no obligaría a ninguna escuela a transformarse en gratuita si ello le significaba una reducción de recursos, lo que extendió el período “de transición” hacia la gratuidad universal hasta un futuro difícil de estimar.

Hay algunas medidas que potencialmente reducen el peso de la privatización, como la creación de servicios locales de educación pública cuyo financiamiento proviene del presupuesto nacional, así como las mayores exigencias para la creación y funcionamiento de escuelas particular subvencionadas.

En otras palabras, para el autor, la situación de libre mercado en educación en Chile es tan extrema en perspectiva comparada, que –si la reforma tiene éxito– el país solo estará acercándose al tipo de sistemas educacionales que son considerados modelos de sistemas de cuasi-mercado educacional, como Holanda o Bélgica, pero tendrá aun un largo camino que recorrer si quiere reponer la educación pública como su columna vertebral.

En ese esquema, el fortalecimiento del sistema de libre elección escolar es probablemente el componente más complejo de resolver y anticipar, por cuanto depende de la respuesta de las familias a estos cambios, dado el estigma que el régimen de mercado ha creado sobre la educación pública. “Aunque en el mediano plazo la reforma debiera contribuir a eliminar las bases institucionales de ese estigma, sus efectos negativos en el período de transición hacia el nuevo régimen pueden dificultar severamente el proyecto de fortalecimiento de la educación pública y –más en general– de desegregación educacional”, concluye el autor.