Durante los últimos meses se ha desarrollado en el país un masivo movimiento estudiantil que cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía. Una de sus principales demandas es ampliar la cobertura en la gratuidad de la educación superior, como también asegurar que la educación financiada por el Estado en el nivel escolar –educación prebásica, básica y media– sea completamente gratuita, es decir, que la educación municipal y particular subvencionada, que en la actualidad representa el 93% de toda la matrícula escolar del país, no exija cobros monetarios a las familias por acceder o permanecer en el colegio al cual asisten sus hijos e hijas.

En una perspectiva comparada, la demanda estudiantil por una educación escolar gratuita en los establecimientos que son financiados por el Estado debiese ser innecesaria, puesto que este es uno de los atributos que caracterizan a todos los sistemas escolares a nivel mundial. Obviamente en ningún país desarrollado ni en los países miembros de la OCDE las familias deben pagar por asistir a este tipo de establecimientos, sin embargo, en Chile esta demanda cobra un enorme sentido, puesto que en la actualidad el sistema de financiamiento compartido obliga a las familias que eligen algunos colegios particulares subvencionados –todos los cuales reciben aportes del Estado– a pagar mensualmente un monto de hasta casi $72.000 mensuales por ingresar o renovar la matrícula anual de su hijo, tal como si este fuese un colegio particular pagado –educación siempre orientada al pequeño porcentaje de familias con mayores ingresos del país–, eliminando así la característica histórica de gratuidad del sistema escolar chileno.

El sistema de financiamiento compartido fue desarrollado en el año 1989, permitiendo a los sostenedores de colegios particulares subvencionados hacer un cobro obligatorio a las familias que escogían sus establecimientos. Sin embargo, dado que el diseño de tal mecanismo implicaba la pérdida de la mitad de la subvención escolar –cualquiera fuese el monto cobrado– solo los colegios cuyos estudiantes provenían de familias de grupos socioeconómicos medioalto implementaron dicha modalidad, situación que se modifica en 19932, cuando es aprobada una reforma que permite que los descuentos sean diferenciados de acuerdo al monto cobrado mensualmente por estudiante. Esta modificación implicó que más del 50% de los establecimientos particulares subvencionados en la actualidad funcione bajo esta modalidad –con un pago mensual promedio cercano a los $20.000–, llegando a cubrir entre un 75% y un 80% de la matrícula que asiste a colegios particulares subvencionados, ello porque los colegios particulares subvencionados gratuitos al ser más pequeños, absorben un porcentaje menor de la matrícula. Esta situación implica que hoy en Chile cerca de la mitad de las familias deban pagar mensualmente por recibir educación básica o media, situación inexistente en otro país de similar o con un mayor nivel de desarrollo que el nuestro.