La inversión en educación superior parece estar llegando a su límite; el financiamiento a los estudiantes se transformó en el componente principal del sistema de educación superior y afectó la evolución de todas sus dimensiones, como la calidad. Esas fueron algunas de las conclusiones de los expertos y autoridades educacionales que participaron del seminario “Experiencia chilena de políticas de financiamiento a la educación superior”, organizado por la Rectoría de la Universidad de Chile, a través de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y que se realizó el martes 27 de agosto en la Casa Central de la Universidad de Chile.

El seminario, el primero del ciclo “Financiamiento de Educación Superior” organizado por la Casa de Bello, fue inaugurado por el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas; y la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, Alejandra Mizala. En el panel, contó con la participación de autoridades como el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex ministro de Educación, Harald Beyer; elvicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile e investigador COES Daniel Hojman; el director del Centro de Justicia Educacional e investigador de la Facultad de Educación y del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) de la Pontificia Universidad Católica, Andrés Bernasconi; la asesora del Consorcio de Universidades Estatales (CUECH) y ex directora de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Alejandra Contreras; y la profesora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, Carolina Guzmán. La moderación del panel estuvo a cargo de Dante Contreras, director del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

“Chile es el país que más invierte en Educación Superior como porcentaje de su PIB, alcanzando el 2,5%, mientras que el promedio de los países OCDE es de 1,5%”, dijo Alejandra Mizala al inaugurar el seminario. Para contextualizar el debate, señaló que durante casi dos décadas, el financiamiento estuvo fuertemente marcado por el subsidio a la demanda a través de políticas de créditos estudiantiles como el CAE y becas con escasa regulación a la oferta, que ha traído problemas en cuanto al aseguramiento de la calidad, un alto nivel de endeudamiento y financiamiento privado. A su vez, indicó que la implementación de las políticas de gratuidad “no ha estado exenta de dificultades, entre otras cosas, porque el financiamiento de las instituciones adscritas está sujeto a un mecanismo que depende fuertemente de la economía del país y de las prioridades de los gobiernos”.

Al respecto, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas señaló que "la gratuidad está definida por ley como un financiamiento de carácter institucional, pero se calcula más como un financiamiento a la demanda. Es una incoherencia que la Ley pone encima de la mesa".Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi expresó: “me parece casi humorístico que las universidades se financien a través de un voucher”. Y agregó que “el Estado se desentendió de la responsabilidad del sistema de educación superior, transfiriéndolo completamente al sistema privado, para el mundo político se daba como un gran triunfo el decir ‘multiplicamos por 5 o por 10 la cobertura de matrícula’, pero dejándolo en manos de privados. Hay un triunfo por el aumento de la cobertura, pero hay una transfiguración del sentido de la educación superior”. 

Gratuidad, CAE e investigación

El primer panelista, Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional, enfocó sus comentarios en función del financiamiento de la política científica, un tema que, aseguró, ha tenido poca discusión: “No perdamos de vista que el financiamiento a la educación superior incluye un componente importante de financiamiento a las ciencias (…) el país invierte harto en educación superior pero poco en ciencia, y eso presenta algunas dificultades respecto del horizonte de desarrollo de la educación superior y particularmente de las universidades”. También criticó la creación de cargos no académicos para investigadores jóvenes en los centros, institutos y otros proyectos grandes, “es una solución parche (…) es una mala forma de inserción cuando estos investigadores no pueden instalarse como profesores propiamente tal en las universidades, más bien son personal de investigación contingente y sujeto a que haya recursos para financiarlos”.

Por su parte, Alejandra Contreras, quien es asesora del Consorcio de Universidades Estatales (CUECH), se refirió a que las políticas de financiamiento tienen efectos en múltiples dimensiones que no son tomadas en cuenta al momento de diseñar una política, como en el caso del Credito Aval de Estado (CAE), que fue una política “diseñada para aumentar cobertura, que si se analiza con perspectiva se puede calificar como exitosa, pero ha tenido consecuencias complejas en relación al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, donde el crédito presionó para que este sistema no funcionara adecuadamente”.

El rector de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex ministro de Educación, Harald Beyer, se centró principalmente en el financiamiento a las universidades: “el gasto total por estudiante respecto a nuestro ingreso per cápita es relativamente bajo. El sistema de educación superior chileno no es caro, es relativamente ‘barato’, y por lo tanto, eso exigía una reflexión más profunda de cómo resolver la presión que tiene el sistema por tener universidades de mejor calidad (…)”, dijo. Agregó que“la gratuidad es un error (…)  Reconozco que es un tema conflictivo, pero uno podría volver a un equilibrio político, donde se acepte que el 60% de los estudiantes tengan gratuidad y que el resto se financie a través de un sistema de créditos mucho mejor que el actual, mucho mejor diseñado (…) el modelo de financiamiento de la gratuidad es un modelo de costos, por lo tanto, teóricamente, no tiene sentido aumentar los costos”.

Por su parte, Carolina Guzmán, profesora del IE de la Universidad de Chile, argumentó que no es posible hacer un análisis de la educación superior sin saber lo que pasa en el resto de las universidades del mundo. Al respecto, explicó que un tercio de las universidades públicas de la OCDE no cobra aranceles, que otro tercio cobra menos de USD 2.400 y el tercio restante, entre los que se encuentra Chile, cobran entre USD 3.000 y 10.000. En cuanto a la gratuidad, señaló que este “no solamente es un tema financiero, es un tema político e ideológico” y explicó, en base a la literatura de su Fondecyt, las principales diferencias de los discursos en torno a la gratuidad, donde quienes están a favor, argumentan que la gratuidad debiese existir dado que produce retornos de bienes públicos para toda la sociedad y que se trata de un derecho social; mientras que aquellos que están en contra se apoyan en que el dinero público no alcanza y que, al tratarse de un beneficio individual, los estudiantes son quienes deben endeudarse.

Para cerrar, Daniel Hojman, vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile e investigador de COES, dijo que “el financiamiento estudiantil ha sido la componente dominante del sistema y que en los últimos quince años el impacto de las políticas de financiamiento estudiantil han transformado el sistema”. Agregó que,  si bien se ha avanzado mucho en la confección de una serie de políticas, “más que un modelo de financiamiento del sistema de educación superior, nos encontramos en una transición sin un destino consolidado”. Explicó que “este modelo para armar, se ha configurado principalmente a partir de hitos o componentes”, como son la masificación del CAE, la gratuidad para los 6 primeros quintiles y el sistema de financiamiento a la investigación, en base a proyectos concursables. “Hoy no tenemos un modelo de educación superior, por lo menos no algo que podamos entender como un sistema coherente. Tenemos muchas políticas de financiamiento, y nos encontramos explícitamente en una transición con un alto grado de incertidumbre”.