¿Qué se entiende por privatización en educación? ¿Todas las formas de privatización siguen los mismos lineamientos? Un análisis realizado por los investigadores del CIAE, Cristián Bellei y Víctor Orellana, analizó las tendencias de América Latina en privatización, en especial ante la crisis del estado de bienestar y la emergencia de políticas neoliberales.

La revisión fue publicada por la Iniciativa de Investigación en Privatización de Educación, una red de investigación y trabajo global que busca animar un debate accesible e informado sobre la provisión de educación y que pertenece a la Open Society Foundations.

El documento identificó dos formas básicas de privatización en educación; clasificó las políticas de privatización seguidas en la región en cinco grandes familias y analizó, con ese enfoque, los casos de seis países y una red de escuelas. Los países analizados fueron de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Haití, Cuba y la red de escuelas Fe y Alegría.

En cuanto a las formas de privatización, los investigadores detectaron aquella que reemplaza a los agentes públicos por agentes privados en el funcionamiento del sistema público de educación, ya sea en la provisión de insumos y servicios, la gestión educacional, o la privatización de la relación entre las familias y las escuelas. La segunda forma de privatización detectada es el reemplazo de escuelas públicas por privadas, siendo ésta la forma más evidente de privatización en educación.

A esta última pertenecerían Chile y Haití, concluyen los investigadores. Mientras en Haití la privatización ha ocurrido en ausencia de la educación pública; en Chile la privatización ha rápidamente reemplazado al sistema de educación pública antiguamente fuerte, como consecuencia de las radicales reformas con una orientación de mercado.

En Haití, la educación ha sido históricamente provista por entidades privadas y religiosas. De hecho, el 65% de los aportes los realizan las familias y el 80% de la matrícula es privada y asiste fundamentalmente a colegios católicos.

Chile, en cambio, fue uno de los primeros países de América Latina que organizaron un sistema de educación público, aunque con una fuerte presencia de educación privada. Sin embargo, las reformas aplicadas desde los 80 en adelante incluyeron, según Bellei y Orellana, todos los componentes asociados con una política de mercado en educación, lo que aceleró el crecimiento de la educación privada en todos los niveles.

Los autores clasificaron las políticas de privatización educacional en cinco grandes familias, de menor a mayor nivel de privatización: la existencia de regulaciones básicas sobre las escuelas privadas, los subsidios estatales para escuelas privadas, los contratos parciales con proveedores privados, los contratos de concesiones para la gestión de escuelas públicas, y el subsidio a la demanda y la elección de escuelas en una lógica de mercado.