Seis profesionales y académicos de reconocida trayectoria en el sector educativo y de las políticas públicas integrarán el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, encargado de asesorar al Presidente de la República en la evaluación y análisis del proceso de instalación de los Servicios Locales.
Entre ellos, figura el investigador del CIAE de la Universidad de Chile, sociólogo y doctor en Educación de Harvard, Cristián Bellei, quien se ha especializado en investigación en educación pública, políticas públicas y elección de escuela, entre otros. El Consejo estará integrado, además, por Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno UC; Teresa Florez, coordinadora de la Mesa Nacional de Investigación en Educación de las Universidades del Cuech y académica de la Universidad de Chile; Aldo Cassinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad; Omar Jara, exsubsecretario General de Gobierno; y Jorge Barrera, abogado y exasesor legislativo.
El Consejo será presidido, como lo establece la ley, por el Subsecretario de Educación y deberá entregar un informe anual dando cuenta del seguimiento de la puesta en marcha del nuevo sistema. Asimismo, en el año 2021, el Consejo deberá hacer una evaluación intermedia de este proceso.
La Ley N °21.040 que crea un nuevo Sistema de Educación Pública, establece la creación de 70 Servicios Locales de Educación que se instalarán en todo el país entre los años 2018 y 2025 y que serán los encargados de administrar y gestionar las escuelas públicas, hoy en manos de los municipios. Los Servicios Locales de Educación tendrán dedicación exclusiva a la educación.
Los primeros Servicios Locales de Educación Pública en instalarse fueron los de “Puerto Cordillera” que agrupa jardines, escuelas y liceos públicos de las comunas de Coquimbo y Andacollo; “Barrancas” que agrupa los establecimientos de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia; “Huasco” (Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar); y “Costa Araucanía” (Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén).
La ley contempla que exista una evaluación intermedia de la instalación del sistema, en función de la cual se podría ampliar el plazo de instalación, previa aprobación del Presidente de la República, hasta el año 2030.