“Todo el equilibrio que se había logrado en la comisión experta, en el consejo se desarmó”, señaló la presidenta de la Comisión Experta del Proceso Constitucional, Verónica Undurraga, en un conversatorio organizado por el CIAE y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile en el que se analizó lo que dice la propuesta constitucional que se votará el próximo 17 de diciembre en materia de educación. En el conversatorio, que se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile, participaron también el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez; y el investigador del CIAE de la Universidad de Chile y académico de la Universidad Austral, Cristian Bellei. El conversatorio fue moderado por la prorrectora de la Universidad de Chile e investigadora del CIAE, Alejandra Mizala. La actividad fue abierta por el director del CIAE, Juan Pablo Valenzuela.
Undurraga detalló en la ocasión que en la comisión experta se logró llegar a acuerdos, encontrando equilibrios y disipando así los temores de quienes venían, por un lado, excesiva regulación de parte del Estado; y por otro, tenían mucha desconfianza hacia la iniciativa privada. “Esa dinámica cambió en el consejo, porque ahí se podían aprobar normas sin acuerdo con el otro sector y todos los fantasmas volvieron a aparecer. Y todos los miedos se empezaron a evitar poniendo mucho detalle”, precisó Undurraga. De esta forma, precisó, “todo el equilibrio que se había logrado en la comisión experta, en el consejo se desarmó. Incluso, la cláusula de DDHH se reduce con una cláusula muy reticente con la norma internacional de los DDHH; se ponen políticas muy detalladas y se abrió la posibilidad de recurso de protección a todas las libertades”. Agregó que ello fue fruto de “una desconfianza a compartir o tomar decisiones en conjunto teniendo que incorporar todas las miradas”.
Cristian Bellei y Daniel Rodríguez desglosaron el contenido de la propuesta constitucional, haciendo énfasis en aspectos como el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
Respecto del derecho a la educación, Daniel Rodríguez señaló que “el resultado final no vulnera el derecho a la educación” y que, por el contrario, en numerosos aspectos “queda más fortalecida de lo que tenemos hoy”. Para Cristian Bellei, sin embargo, el texto no avanza hacia un estado social de derechos, no en el sentido de lo que se entiende en el mundo como un estado social de derechos. Tampoco se hace alusión en él al derecho a la educación, como se entiende en el mundo actual: “Se perdió la oportunidad de tener una definición más rica contemporánea de lo que es la educación, es la misma que tenemos del siglo XIX. Se perdió la oportunidad de pensar en la educación permanente, en la educación informal, en la de los adultos... No hay principios de justicia, de no discriminación, de inclusión… Todos los aspectos que se están discutiendo hoy en el mundo sobre el derecho a la educación, no están… El derecho a la educación no está fortalecido".
Otro de los aspectos analizados fue la libertad de enseñanza y la libertad de elección de las familias. Para Bellei, el texto propuesto no tiene novedad en cuanto a garantizar la libertad de elección de los padres, puesto que ésta ha estado “históricamente garantizada en Chile”. En cambio, señaló que en la propuesta existe una “filosofía” que él llamó “libertad de enseñanza doméstica”: “quienes la escribieron parecen ver la educación como parte de la socialización de niños y niñas en sus casas. Hay varios indicios de esto, de hecho, en una de las normas se coloca que las familias pueden hacer proyectos educativos. En este escenario, los dueños de esos proyectos pueden apelar a la defensa de la libertad de enseñanza y la libertad de esos proyectos”, precisó. Agregó que esto puede contravenir el interés superior de los niños y niñas y su derecho a la educación.
En este punto, Daniel Rodríguez precisó, ante una pregunta de Mizala, que el Sistema de Admisión Escolar queda fortalecido en el texto propuesto, porque lo que se refuerza es la libertad de elección de los padres. “Como es completamente compatible con la libertad de enseñanza establecida en la Constitución vigente, lo es también con esta”, precisó. Una opinión contraria manifestó Verónica Undurraga: “El objetivo fue echarlo abajo (el SAE) y los padres están preocupados y creen que está norma lo va a botar”.
Además, los expertos se refirieron a los aspectos del texto que señalan que los establecimientos educacionales tendrán la libertad para determinar sus contenidos curriculares conforme a la identidad e integridad de su proyecto y que el Estado fijará contenidos mínimos para la educación parvularia, básica y media, los que no implicarán el uso de un porcentaje mayor a la mitad de las horas lectivas al momento de impartirlos. “Esta propuesta, así como la discusión del homeschooling, término para el que ni siquiera existe traducción en español, son un paquete del activismo conversador de Estados Unidos en un contexto que no tiene nada que ver con la tradición de nuestro país”, indicó Undurraga.