LA DISCUSION sobre cambios en la educación se ha centrado en la administración del sistema municipal, y en la supresión del lucro, selección y copago en la educación particular subvencionada. Esto responde a principios de justicia social que requieren que todos los niños y jóvenes compartan buenos procesos educativos y aprendan en contextos educacionales de similar calidad.
Sin embargo, los cambios estructurales propuestos para mejorar la calidad en la educación no son suficientes. Se necesita contar con profesores que, además de estar bien preparados y ser competentes en su trabajo, lo ejerzan con salarios y carga de trabajo apropiados, lo que no ocurre hoy día. Se ha estimulado la entrada a la formación docente de mejores candidatos mediante la Beca Vocación de Profesor, pero falta asegurar que, más allá del ejercicio obligatorio de tres años en el sistema público, estos profesores continuarán ejerciendo. Las altas tasas de abandono (alrededor de 40% con cinco o menos años de servicio) y de movilidad debido a condiciones contractuales frágiles significan para muchos alumnos un cambio continuo de profesores, que como sabemos perjudica su aprendizaje.
Es contradictorio que mientras lamentamos que los estudiantes chilenos rindan por debajo del promedio internacional en la prueba Pisa, no sintamos lo mismo respecto de las condiciones de trabajo de nuestros profesores en relación con sus colegas Ocde. Según los indicadores del Panorama de la Educación (Ocde, 2013), al comenzar su ejercicio docente, nuestros profesores reciben 40% menos que el salario promedio anual pagado a nuevos profesores Ocde, y cuando están por jubilar les pagamos 32% menos que el salario promedio Ocde. También les pedimos a nuestros profesores que permanezcan en sus establecimientos más horas anuales que lo que deben hacerlo los profesores Ocde (1.866 versus 1.215 horas), y de ese tiempo les otorgamos, a su vez, una proporción menor de tiempo para preparar sus clases y corregir pruebas, comparado con el tiempo de que disponen sus contrapartes Ocde.
Esta situación ha sido advertida por los tres últimos gobiernos y cada uno de ellos ha discutido y propuesto fórmulas, incluyendo proyectos de ley para establecer una carrera docente que no ha logrado consenso para su aprobación. Tampoco han faltado propuestas concretas para la carrera (Elige Educar/PUC, 2012). Claramente, no puede postergarse más el tema. Es tiempo de reunir la evidencia, examinar las ventajas y aspectos problemáticos que requiere el proceso de formulación, y acordar con la participación del gremio docente una carrera para los profesores del sistema financiado públicamente y que estén debidamente registrados, según los requerimientos que se establezcan para ejercer.
Dicha carrera debe indicar los tramos y condiciones de ascenso en línea con una evaluación docente apropiada, y ofrecer salarios y condiciones de trabajo similares a los del promedio internacional. La calidad del ejercicio docente y de la educación requiere que nuestros profesores no sigan esperando el reconocimiento social y profesional que merece su trabajo.