El modelo de educación superior, la gratuidad, el rol de las universidades estatales, los distintos modelos de financiamiento y de qué manera el proyecto de reforma a la educación superior aborda esos temas fue el foco del Seminario “Reforma en Educación Superior: perspectivas desde la academia”, realizando ante una concurrida audiencia el pasado 9 de agosto.

El seminario fue inaugurado por el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien destacó el hecho de que en él se abordara una mirada desde la academia, “lo que conlleva que hay una perspectiva por la búsqueda de un consenso o mirada desde la academia, en contraposición a lo que podría ser una defensa de un interés particular”, dijo el rector. Agregó que “lamentablemente muchas veces esta discusión se tergiversa como una confrontación de intereses, disfrazando argumentaciones que apuntan a otros objetivos”.

En el encuentro,organizado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación y la académica Ana Luisa Muñoz, de la U. Andrés Bello, expusieron Rosa Devés, vicerrectora de Asuntos Académicos de la U. de Chile; Paulina González, académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes; José Julio León, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; y Vicente Sisto, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, además de Carolina Guzmán, investigadora del CIAE.

En el seminario, los académicos coincidieron en que la reforma a la educación superior adolece de mecanismos de apoyo explícitos a la educación pública y que desde el punto de vista de la calidad, el proyecto se limita a impedir los abusos al sistema.

“Para asegurar la educación como un derecho es fundamental reforzar la educación pública. Hay deudas en el proyecto respecto del financiamiento del sistema público, no hay un compromiso de financiamiento estable, no hay señales de apoyo a infraestructura pública, no se dibuja un camino de crecimiento de la matrícula”, dijo Rosa Devés.

Sobre el punto, el académico José Julio León concordó que en el proyecto “no señala con claridad el horizonte hacia lo público” y añadió que “no fortalece la educación estatal, ni tiene mecanismos para fortalecer carreras técnicas, ni establece mecanismos para avanzar el camino hacia la gratuidad”.

Fortalezas y debilidades

Al comenzar el seminario, Carolina Guzmán, investigadora del CIAE, expuso algunos elementos críticos para comprender la necesidad de una reforma en educación superior en Chile, como la masificación del sistema; sus altos aranceles (el cuarto más alto del mundo, según porcentaje del sueldo que se paga en aranceles); la estratificación; el bajo nivel de inversión en investigación, y el sistema de acreditación.

Rosa Devés destacó, por su parte, el carácter sistémico del proyecto, esto es que haya sido presentado como un todo, lo que permite –dijo- analizar su coherencia interna. También destacó el hecho de que plantee dos subsistemas –el universitario y el técnico profesional- y el sistema de aseguramiento de la calidad.

La investigadora de la U. de Los Andes, Paulina González, en tanto, se explayó sobre el modelo de financiamiento, explicando que éste puede ser visto en dos dimensiones: desde el punto de vista de quién provee los fondos y de quién ejecuta el gasto. Tras analizar una serie de casos internacionales, la académica concluyó que “hay una enorme variedad de esquemas y mecanismos para financiar la educación superior pública, que los costos compartidos y el aumento de la participación privada son la tendencia más prevalente en los tiempos recientes y que el contexto socio-ecónomico y cultural es clave para determinar el éxito o fracaso de toda política pública”.

El académico José Julio León, realizó un análisis sobre el proyecto, señalando que el diagnóstico que éste hace sobre la educación superior es “bastante pobre”: “el proyecto reduce concepto del derecho a la educación a la gratuidad, pero la gratuidad solo refleja quién paga. Si uno lee el proyecto, el principal problema es que todo el diseño del proyecto está hecho para controlar el uso de los recursos públicos”, explicó.

Asimismo, dijo que la reforma “no establece mecanismos para asegurar la mejora continua del sistema ni  para fomentar universidades de excelencia” y que tampoco establece una reforma profunda al sistema de educación superior, pues mantiene la LOCE y el Crédito con Aval del Estado, entre otros.

Por su parte, el académico de la PUCV Vicente Sisto analizó la autonomía de las universidades, en el marco de una lógica de gestión pública que ha estado imperando desde la década de los 90 y que marca las prescripciones por las cuales se quiere transformar a las instituciones de educación superior y que está también en la reforma. Esa lógica implica, por ejemplo, mediciones para cuantificar resultados, rankings, privados en la provisión de servicios públicos, etc. “Los indicadores traducen lo que hacen los académicos, visibilizan el trabajo académico, pero intervienen también sobre el espacio. Las universidades dicen: ‘esto es hacer universidad hoy’”, explicó Sisto. Agregó que “si indagamos lo que son las vidas académicas reales por las cuales se constituye la universidad en su conjunto, es mucho más que esto, que este nuevo lenguaje”.