Los Servicios Locales de Educación que propone el proyecto de ley de educación pública constituyen un necesario nivel intermedio que conecta las políticas nacionales con la gestión educativa local y acumulan capacidades profesionales de apoyo a los colegios. Así lo plantearon la directora del Centro de Investigación Avanzada en Educación, Alejandra Mizala, y el investigador del mismo centro, Cristián Bellei, en sus exposiciones ante la comisión de Educación del Senado que analiza el proyecto de la nueva educación pública, que termina con la administración municipal de la educación.
Ambos coincidieron en que los Servicios Locales de Educación son una pieza intermedia que faltaba en el sistema escolar chileno, y que a nivel internacional cuentan con liderazgo y equipos profesionales de alto estándar, con foco en los aprendizajes y el mejoramiento; dan continuidad a las políticas y estrategias y tienen capacidad para tomar decisiones en base a evidencias, datos y evaluaciones; coordinan y articulan servicios e identificar necesidades de sus establecimientos; y desarrollar estrategias diferenciadas de apoyo, entre otros. “¡El nivel intermedio puede hacer mucho! Chile pierde un enorme potencial de mejoramiento de la calidad y, por cierto, equidad al no contar con un nivel intermedio de estas características”, afirmó Bellei.
Ambos coincidieron en que la propuesta responde al diagnóstico y las orientaciones elaborados tanto por el Consejo Asesor Presidencial de 2006 como por el Panel de Expertos convocado en 2012.
Además, señalaron que existen distintos estilos de gobernanza de la educación pública –algunos que concentran la administración de las escuelas públicas en manos de los municipios, otros en manos del Estado-, pero que es necesario cambiar el actual esquema chileno dado que, por ejemplo, hoy las responsabilidades están diluidas. “Los establecimientos tienen doble dependencia: los aspectos técnico pedagógicos han dependido del ministerio y la gestión del municipio. Además hay una gran heterogeneidad entre los municipios. El resultado es una escasa responsabilidad municipal por los aprendizajes. Tampoco hay participación de comunidades locales”, explicó Mizala.
Para la directora del CIAE, el resultado de lo anterior es que padres y estudiantes no responsabilizan a los municipios por la calidad de educación. “Se requiere de sistema central que tenga capacidad de diseñar y evaluar políticas, y un nivel descentralizado que tenga capacidad técnica y de gestión”, dijo y añadió que el proyecto responde a esa necesidad.
En el proyecto de ley, se crea la Dirección de Educación Pública que tendrá la misión de impulsar políticas ad hoc para el desarrollo de la educación pública, además de coordinar, monitorear y generar estudios, entre otros, para propender al buen desempeño de los administradores locales de la educación pública, entre otras funciones.
“Es importante tener algo que coordine los SLE, con una autoridad especializada y responsable. Tiene que haber alguien que se encargue del desarrollo equitativo de educación pública, por ejemplo, dando cobertura en zonas más rurales”, explicó Mizala.
Servicios Locales de Educación
Los Servicios Locales de Educación, según la propuesta del gobierno, serán los encargados de administrar las escuelas y liceos. Sus características deben ser cuidadosamente configuradas, dijo Bellei, de tal manera que respondan institucionalmente al control público y se orienten por el “bien común” en educación. Explicó que los SLE, además de responder a la mejor evidencia internacional al respecto, están en la línea de lo planteado por el Consejo Asesor que propuso crear entidades locales especializadas en la gestión educacional, con “función única”, de gestión descentralizada, que reúnan funciones de gestión administrativa y técnico-pedagógica del conjunto de establecimientos bajo su administración. “No hay un único modelo para satisfacer los criterios de generalizado consenso que planteó el Consejo Asesor, pero la propuesta de ley los satisface todos. ¡El país ha tomado 10 años para llegar acá, es momento de actuar!”, instó el académico.
Por su parte, Mizala insistió en que Chile necesita de un sistema mixto con educación pública fuerte y rescató algunos otros puntos del proyecto: “El proyecto potencia la autonomía, aumenta los recursos disponibles, para los colegios ya que el 10% de los recursos SEP van a ser administrados por la escuela, entrega atribuciones y mandatos a directores y equipos quienes participan en elección de profesores”, explicó.
Añadió que también entrega decisiones en materias técnicos pedagógicos al consejo de profesores y da cabida a la participación de comunidades locales.
Sin embargo, señaló que existe un tema ausente en relación al rol de planificación territorial que debe tener la educación pública, ya que hay zonas donde hay exceso de oferta y otras donde hay déficit. Explicó que la variable más crítica para la apertura de establecimientos es la expansión poblacional y no es claro que los futuros déficit serán cubiertos por el sector subvencionado, porque la expansión actual se produce sobre todo por los colegios particular subvencionados con fines de lucro. “Se requieren mecanismos de planificación territorial y de inversión. No estaban presentes en la municipalización y yo me pregunto si en esta ley se considerarán”, dijo la directora del CIAE.
Por su parte, Bellei afirmó que la propuesta debe ser más clara en entregar a los nuevos servicios locales toda la autonomía necesaria para gestionar sus escuelas y liceos de manera eficiente, con participación de sus comunidades y atendiendo las particularidades de sus territorios. Además, consideró que el presupuesto destinado a la creación de los servicios locales puede no ser suficiente para garantizar un equipo profesional de alta calidad en todos ellos. Por último, insistió en que la educación pública requiere fondos especiales gestionados ágilmente para desarrollar su oferta, ya sea expandiéndose en algunas zonas o innovando y mejorando en otras.