Chile vive un momento único en lo que respecta a su sistema de Educación Superior, especialmente ahora que hay un proyecto de reforma que prontamente será discutido y votado en el Congreso. Antes del movimiento estudiantil universitario, iniciado en 2011, las discusiones acerca de qué tipo de Educación Superior queremos como país eran prácticamente inexistentes. Los estudiantes universitarios lograron abrir un debate sobre una educación pública, gratuita, y de calidad para todos/as en circunstancias en que la privatización del sistema, el lucro, la baja calidad, el acceso, el endeudamiento de las familias y la falta de espacios democráticos, entre otros, mostraban un sistema debilitado y criticable. La pregunta que toca hacer ahora es si esas críticas y las demandas estudiantiles están siendo abordadas por el proyecto de reforma educacional. 

El proyecto de ley está articulado en torno a la gratuidad y la regulación y rendición de cuentas en relación a esta medida. Así, aquellas instituciones (estatales o privadas) que se adscriban a la gratuidad deberán cumplir con una serie de requisitos tales como estar acreditadas, no lucrar, contar con un sistema de acceso, e implementar políticas de equidad e inclusión. Y aquí es donde aparece el primer nudo crítico acerca de la reforma, pues no se observa un fortalecimiento de la educación pública a través de un trato preferencial y diferenciado para las universidades estatales -las más afectadas y debilitadas como consecuencia del proceso de privatización del sistema a partir de los años 80-. Un trato similar del Estado a universidades estatales y privadas continuará fortaleciendo al sector privado de provisión de educación superior, que ya cuenta con una cobertura hegemónica (3 de 4 estudiantes en el país estudian en instituciones privadas).

El segundo nudo crítico apunta a aquellas instituciones que no se adscriban a la gratuidad. La forma de financiamiento de los aranceles de esos planteles para quienes no puedan pagarlos (los estudiantes más vulnerables) será a través del Crédito con Aval del Estado (CAE). De no eliminarse el CAE del proyecto de reforma, la educación continuará concibiéndose como un bien de consumo que se transa en el mercado y que depende de la capacidad de pago (endeudamiento) de las familias. Asimismo, el uso de fondos públicos para comprar deuda CAE a la banca privada continuará beneficiando a instituciones que lucran (los bancos).

Si bien el proyecto de ley constituye un avance en la discusión sobre educación superior y el modelo educativo que queremos como país, pareciera ser que los ideales por los que marcharon los estudiantes han quedado distorsionados. Se proponen más bien cambios aparentes que no transforman un modelo basado en la privatización y en la comercialización de la educación superior. El fortalecimiento de la educación pública y un modelo de financiamiento que permitan concebir la educación como un bien público, sin exclusión, y para el beneficio de todos/as se hacen necesarios más que nunca.