Existen 3.861escuelas en el país que sólo imparten educación básica. De ellas, el 67% es municipal, el 32% particular subvencionada y menos del 1% es particular pagada. Todas ellas se verían afectadas por la reforma contenida en la Ley General de Educación (2009) que establecía que, a partir de 2018, la enseñanza básica se acortaría a seis años y la media se alargaría a 6 años. Esos son algunos de los datos que expuso el investigador del CIAE, Juan Pablo Valenzuela, en la sesión de la Cámara de Diputados que analizó el proyecto de ley que posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura escolar, que dejaba la enseñanza básica en seis años y la media en seis.
La medida debía entrar en vigencia desde el año 2018, pero envió un proyecto para postergarla hasta el año 2027, iniciativa que comenzó a ser analizada el martes por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
En la ocasión, el investigador del CIAE, Juan Pablo Valenzuela, explicó que, de materializarse el cambio en la estructura escolar chilena desde 2018, se verían impactados cerca de 260 mil alumnos, que cursan séptimo y octavo año básico en escuelas que imparten educación sólo de primero a octavo básico. El 80% de esos escolares asiste a escuelas municipales y tendrían que cambiarse de colegio, añadió Valenzuela, citando un estudio. Por ello, agregó que, de ser implementada la medida el próximo año, como lo establece la LGE, se “aceleraría el deterioro en la matrícula de la educación pública”.
Valenzuela explicó que la estructura del sistema escolar afecta el tamaño de las escuelas y eso es relevante desde el punto de vista de los requerimientos de infraestructura y de profesores. “Serán cerca de cuatro mil establecimientos los que sólo impartan educación básica, que van a quedar con excedentes de profesores e infraestructura”, dijo el investigador.
El experto del CIAE añadió queno se conocen mayormente estudios que hayan anticipado el impacto positivo de esta reforma, ni las condiciones que había que preparar en términos de infraestructura, de preparación de personal o reasignación o del financiamiento. Por ello, dijo que “es indispensable postergar el cambio por un tiempo relevante”.
Sin embargo, el académico no cerró la puerta a la discusión y propuso que hay comenzar a recopilar antecedentes y debatir si debe hacerse en 10 años, ya que eventualmente con una buena implementación la medida podría tener efectos positivos, por ejemplo, generar liceos técnicos más potentes y diversos.